madrid. El anuncio por el Gobierno de un proyecto de ley que regule los cuidados paliativos y la "muerte digna" fue ayer recibido como reconocimiento de "derechos" por unos sectores sociales y una eutanasia encubierta por otros.
El presidente de Derecho a Morir Dignamente, el doctor Luis Montes, entendió como positiva "cualquier medida que garantice derechos de las personas en el proceso final de la vida", en la misma línea que la ley de muerte digna de Andalucía.
Estimó que si la norma va a mejorar dicho proceso "lo valora", aunque la cuestión es si se puede disponer o no de la propia vida, ya que, en una sociedad de derecho, "es elemental la determinación, la voluntad de vivir y eso lo tiene que garantizar el Estado y el marco jurídico".
Más allá de la futura ley, dijo Montes que existe "un clamor popular", que es el debate de la disponibilidad de la propia vida, del suicidio y de la eutanasia.
Montes fue cesado en 2005 por la Comunidad de Madrid como jefe de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, tras dos denuncias anónimas sobre mala praxis médica en la administración de fármacos a pacientes terminales, aunque esta acusación no prosperó finalmente en los tribunales.
Por el contrario, la organización Derecho a Vivir interpretó que el Gobierno "quiere colar la eutanasia por la puerta de atrás" y, en su lugar, debería "dotar de más y mejores medios" para que funcionen la ley de dependencia y los servicios de cuidados paliativos.
Su presidenta, la doctora Gádor Joya, aseguró en un comunicado que la ley que aprobará el Ejecutivo "es absolutamente innecesaria" y puede llevar a que el criterio del paciente esté por encima del médico.
