Vitoria. Una misma decisión puede interpretarse de formas opuestas. En un año en el que se han contabilizado más de 500 agresiones a mujeres y en pleno debate sobre la violencia de género, dos de los recursos municipales dirigidos a las víctimas se han esfumado. Adiós a las aportaciones locales a los servicios de atención psicológica y a los de orientación jurídica a mujeres maltratadas. Eso según el PP, porque el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, asegura que en realidad se trata de un hasta luego obligado por los trámites. "Arranca una nueva legislación y es necesario renegociar los términos de los convenios, así que antes de que acabe el año hay que revocarlos todos porque si no se renuevan automáticamente en las mismas condiciones y eso no es posible", explicó el portavoz municipal.

Ainhoa Domaica, representante del PP en el Ayuntamiento, se ocupó de dar ayer la voz de alarma y de denunciar la situación de desamparo en la que quedará este colectivo tras la aprobación de los recortes. "El gabinete Lazcoz vuelve a recortar programas y recursos sociales, lo que constata, una vez más su falta de sensibilidad social", lamentó.

Un punto de vista que nada tiene que ver con el de López de Munain, quien asegura que los acuerdos se reactivarán en enero, una vez se conozca el nuevo mapa de necesidades. "No queda otro remedio que hacerlo de esta manera, porque si no nos encontraríamos el año que viene con convenios que no sirven a nuestras necesidades. Es una cuestión de puro trámite", manifestó.

También hubo enfrentamiento con motivo de la clausura de dos de los pisos de acogida inmediata y tres de emergencia social que integraban la red municipal para mujeres maltratadas. "Hasta el año 2009 eran tres los centros de acogida inmediata y nueve los pisos de emergencia social. Este año 2010, el gabinete Lazcoz ha decidido reducir a sólo uno los centros de acogida inmediata y a seis los pisos de emergencia social", amplió Domaica.

El edil respondió que los recursos clausurados mantenían, desde el mes de septiembre, unas tasas de ocupación "mínimas" que "no justificaban su mantenimiento". "Los cerramos por una cuestión de ahorro, pero si hacen falta los podemos abrir de nuevo en unos días", aseguró. "Hemos experimentado un repunte en el número de agresiones, pero ello no se ha traducido en una mayor demanda de plazas de acogida porque existen otras alternativas", señaló. "Se pueden usar muchos argumentos en campaña, pero valerse de los servicios sociales no me parece ético", concluyó.