MADRID. Casi dos millones de niños están en riesgo de pobreza relativa en España, según el estudio 'Infancia en España 2010-2011', presentado por Unicef y que pone de manifiesto que casi uno de cada cuatro menores (un 24,1%) viven en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la mediana estatal.
Además, el trabajo subraya que este dato sitúa a España a la cola de los 27 países miembros de la UE, sólo superada por Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia.
TENDENCIA ASCENDENTE
Además, este porcentaje presenta una tendencia ascendente desde el 23 por ciento en 2005 y pone de manifiesto los primeros indicios que anticipan un "preocupante impacto" de la crisis económica sobre la infancia, según sus autores. La pobreza infantil se concentra mayoritariamente en hogares con familias numerosas o monoparentales y en situación de desempleo o empleo precario.
Por ello, el organismo de la ONU recalca que la reducción de la pobreza infantil es una cuestión tanto de recursos como de diseño y planificación de políticas sociales. Según los datos de 2008, España ocupa, junto a Grecia, el último lugar de la UE en el gasto público en familia e infancia, con un 0,7 por ciento del PIB, por debajo de la media de la UE, que se situó en el 2,3 por ciento.
El estudio surgió a raíz de las observaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño, un órgano de expertos independientes amparado por la ONU, que ha analizado este año la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en nuestro país.
Tanto el Comité como el informe destacan que, desde que España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, se han producido avances sustanciales en el bienestar y la aplicación de los derechos de los niños. Sin embargo, advierten de que aún se deben afrontar desafíos importantes como el fracaso escolar o la situación de los niños inmigrantes no acompañados.
Para abordar estos desafíos consideran preciso que la infancia pase a ser una "prioridad" en la agenda política. Para ello, Unicef propone una agenda para la acción que recoge una docena de medidas como doblar la inversión en políticas sociales de infancia y familia para avanzar hacia la media europea; un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil; la puesta en marcha del Consejo de Medios Audiovisuales previsto en la nueva ley y la elaboración de un reglamento de extranjería que garantice los derechos de los niños.