Vitoria. La maquinaria municipal contra el fraude en las ayudas sociales parece estar dando buenos resultados. Al menos así lo atestiguan los datos presentados ayer por el equipo de gobierno de Patxi Lazcoz, curiosamente a cargo del futuro alcaldable del PNV, Gorka Urtaran, quien además de juntero por la formación jeltzale trabaja como sociólogo en el Departamento municipal de Intervención Social. Durante el pasado 2009, el Ayuntamiento detectó 277 actuaciones fraudulentas a cargo de otras tantas familias, lo que provocó la denegación o suspensión de las Ayudas de Emergencia Social (AES) o la Renta de Garantía de Ingresos en todos estos casos y la imposibilidad de volver a acceder a la prestación durante el periodo de análisis.
Se trata de sólo el 3,4% de las 8.256 familias residentes en Vitoria que solicitaron o percibieron AES, RGI o ambas durante la evaluación. Gracias a estas actuaciones, el Ayuntamiento se ahorró un total de 813.301 euros divididos entre las cuantías no abonadas y las abonadas pero posteriormente reclamadas por cobros indebidos, un 2,3% del presupuesto total destinado a estas partidas económicas. En palabras de Urtaran, "las prestaciones sociales económicas se destinan a familias gasteiztarras que realmente lo necesitan".
Este protocolo contra el fraude, puesto en marcha en 2005 por el gobierno de Alfonso Alonso, permite identificar las actividades fraudulentas mediante el cruce de datos de los que disponen distintos departamentos municipales, tales como Ensanche 21 o el Demsac, con los de servios dependientes de otras instituciones como Etxebide o la Hacienda Foral. Esta última, por ejemplo, proporciona al Ayuntamiento la relación de cuentas bancarias de los potenciales perceptores de ayudas.
Más del 80% de la cuantía recuperada procedió de las RGI, dado que maneja más dinero para los solicitantes, y en casi el 70% de los casos el fraude se detectó antes de efectuar el pago. Pese a los resultados, Gorka Urtaran avanzó que el Departamento de Intervención Social se afanará a partir de ahora en controlar de forma más decidida la economía sumergida, un apartado con "margen de mejora" en este protocolo, y que la búsqueda de empleo por parte de los solicitantes sea "real", dos aspectos que mejorarán a su juicio gracias a la transferencia de las políticas activas de empleo.
Lejos de lanzar campanas al vuelo, toda la oposición municipal cuestionó la validez de estos datos, por la dificultad de controlar a esos defraudadores no oficiales, que puedan estar, por ejemplo, trabajando sin contrato y percibiendo ayudas sociales. Ainhoa Domaica (PP) solicitó para lograr este objetivo "mejorar y ampliar" el protocolo, Nerea Melgosa animó a mejorar la coordinación con el Inem o Hacienda y Antxon Belakortu (EA) cuestionó la valía del teléfono contra el fraude, "que da rienda suelta al estado de opinión", cuando en teoría el protocolo da buenos resultados por sí solo.
