TARRAGONA. El resto de los arrestados --83-- eran compradores que pagaban entre 200 y 3.000 euros por cada certificado médico. Estos documentos eran empleados para intentar regularizar su situación administrativa en España por la vía del arraigo social.
El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener partes médicos aparentemente expedidos por un facultativo, también implicado en la trama y detenido en la operación.
La investigación se inició en verano al detectarse la falsedad de un parte médico presentado por un marroquí que solicitaba la autorización de residencia por arraigo, y la policía comprobó que un centenar de extranjeros en situación irregular habían presentado la documentación preceptiva para regularizar su situación utilizando partes médicos para justificar un estancia en España superior a la requerida por la ley.
Entre los 93 detenidos se encuentran los diez máximos responsables de esta organización, cada uno de ellos con funciones asignadas: captar a los clientes, otros realizaban las falsificaciones y otros, las entregas de los documentos falsificados.
Los otros 83 detenidos son ciudadanos extranjeros en situación irregular que habían presentado los documentos en la Subdelegación del Gobierno de Tarragona para, con los papeles falsificados, solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
Los suministradores de la red contactaban con los 'sin papeles' y les ofrecían sus servicios para regularizar la documentación requerida en España gracias a un parte médico de asistencia legal, ya que estaba efectuado por un médico de Barcelona.
Con este documento, podían justificar su estancia en España en una fecha anterior a su llegada real para poder demostrar los años precisos para la regularización administrativa. Para ello, solicitaban la documentación personal y, unos días después, le hacían entrega del documento falso a cambio de dinero.
Los responsables de esta red, la mayoría de países del norte de Africa, actuaban en la localidad de Reus, principalmente en su estación de autobuses, un centro comercial y en los alrededores de la mezquita de la localidad.
La Guardia Civil detuvo en la operación a un facultativo, que había trabajado en algunos centros sanitarios, de donde proceden las falsificaciones. Su presencia era necesaria para dar una apariencia de oficialidad a los documentos falsificados.
La investigación continúa abierta para determinar la plena identificación y el arresto de todos los implicados, no descartándose que haya más detenidos en otras localidades de España.
