El agro hace frente común para blindarse ante las mafias que trafican con temporeros

Para conseguir este meta y prevenir que los trabajadores puedan ser explotados y marginados, Lakua tomará diversas medidas. Se pretende que los temporeros tengan unas condiciones de trabajo dignas, y por eso hace meses se comenzó por mejorar el alojamiento, donde se destinaron aproximadamente 957.000 euros para adecuar los habitáculos donde pernoctarán los temporeros y, en algunos casos, sus familias. Asimismo, el viceconsejero de Agricultura del Gobierno Vasco, José Luis Anda, presentó el pilar básico de este programa de prevención, un convenio de colaboración alcanzado con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA), para que sean ellos mismos "los que tramiten las altas y bajas" a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, del personal temporero que trabaja en origen en las explotaciones alavesas. En un principio, el acuerdo se va a centrar en la intermediación para la contratación de jornaleros en las campañas agrarias, aunque no se descarta que en un futuro, el marco de colaboración entre las dos partes se extienda a trabajos más estables.

Continuando con las medidas exitosas del año pasado, Anda recordó que se han programado diversas charlas informativas destinadas a los agricultores en Agurain, Oion y Laguardia con el objetivo de sensibilizar a los empresarios y tratar temas vitales como el alojamiento, las contrataciones en origen, la educación de los menores... En ellas participarán representantes de la tesorería, Osalan, Lanbide, Ertzaintza y representantes de los agricultores. Además y con la finalidad de conseguir solventar todas las dudas existentes del gremio, el Gobierno Vasco en colaboración con la Diputación alavesa y el Ministerio de Interior ha abierto dos oficinas en Agurain y Elciego, donde tanto los agricultores como los temporeros podrán acudir a informarse sobre la campaña. Los consultorios llevan abiertos desde primeros de mes y se mantendrán hasta finales de septiembre.

Con estas medidas se pretende, de una vez por todas, acabar con los intermediarios, una figura ligada a las mafias que vulneran los derechos de los trabajadores, y cuya presencia es difícil de demostrar porque cada vez están más profesionalizadas. A pesar de todo esto, no será fácil conseguirlo, ya que la mayor dificultad está en que los temporeros que caen en sus redes suelen proceder de la comunidad de La Rioja, donde los controles son mínimos y las tramas portuguesas o marroquíes dominan esa mano de obra aprovechando el desamparo de los inmigrantes y su necesidad de trabajar.

Por todo ello y a sabiendas de que la extinción de estas mafias es casi una utopía, la subdelegada del gobierno en Álava, Gloria Sánchez, señaló que el Gobierno Vasco intensificará mediante personal de la Seguridad Social y miembros de la Brigada de Extranjería, realizando controles e inspecciones durante el periodo de la vendimia. Una medida positiva porque "gracias a ellas hemos conseguido un mayor cumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones en materia laboral", destacó Sánchez. Y es que, desde que se realizan las actuaciones de vigilancia, hace más de una década, el número de incumplimientos ha disminuido drásticamente. Sin duda, este descenso en las irregularidades se debe, tal y como apuntó Eva López de Arroiabe, representante de UAGA, a un mayor "compromiso" por parte de los empresarios. Estos son la llave para el fin de las explotaciones y por eso López de Arroiabe quiso destacar que, a pesar de la crisis y la reducción en el precio de la uva, los empresarios se están adhiriendo al programa del Gobierno Vasco, algo que no sucede en otras comunidades, ya que la vía de las subcontrataciones les reportaría a los agricultores unos beneficios mucho más sustanciosos. Sin embargo, López de Arroiabe afirmó que en el territorio histórico desde hace unos años "los agricultores decidieron rechazar esa fórmula" y por ello se muestran a favor de las inspecciones para que se observe "que estamos haciendo bien nuestro trabajo".

Disminución Sin embargo, a pesar de la colaboración de los empresarios, el Gobierno Vasco prevé que la desaceleración económica se cobre cientos de puestos de trabajo. Así, si la campaña anterior reunió a 3.500 temporeros, las estimaciones para este curso sólo alcanzan las 3.000. De los cuales, únicamente un 20% será contratado en origen. En este sentido, el viceconsejero de Agricultura quiso señalar que, en el futuro, "queremos que estos sean el 100% de los contratados".

Además, la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, recordó que el objetivo fundamental de su departamento durante la campaña es "dar ayuda y apoyo en un marcado carácter educativo y social, con la especial incidencia en todas aquellas personas y familias desplazadas".

Asimismo, recordó el Plan Integral de Atención al Temporerismo 2008-2013, al que la Diputación ha destinado más 70.000 euros para "favorecer la contratación en origen, sensibilizar a la sociedad alavesa y dar una respuesta a las necesidades sociales de los temporeros".