Vitoria. Se ha cumplido un mes desde que el pasado 16 de agosto Raúl Montes, escolta de profesión, iniciara una huelga de hambre en señal de protesta, después de que la empresa en la que trabaja se negara a concederle una reducción de jornada para poder pasar más tiempo con su hija de tres años y tras poner el caso en manos de los tribunales sin éxito. Por ello, y ante la alarmante pérdida de peso del guardaespaldas, -"que se acerca peligrosamente a los 12 kilos", según ha afirmado la Asociación de Vigilantes Vigias, en un comunicado- el gremio de escoltas ha decidido mostrar una vez más su apoyo al trabajador y ha pedido a todas las partes implicadas en este asunto una "resolución rápida" al conflicto para que no conlleve ni indefensión ni merma en la calidad de vida y salud del trabajador. Además, la citada asociación ha deseado que finalice esta dramática situación por la que atraviesa el profesional, "ya sea por la vía de la subrogación o si la empresa Sabico opta por la aplicación de un despido improcedente".
La asociación Vigias ha denunciado que la empresa de seguridad conoce la situación de su trabajador y "no ha manifestado ningún acto de buena voluntad". Circunstancia, por otro lado, sugerida en la sentencia del Juzgado, según este colectivo. Además ha criticado que la firma de seguridad está "inhibiéndose" de su pronunciamiento por la posibilidad de perder los servicios de seguridad personal en el Gobierno Vasco. "Sabico está cerrando en falso el conflicto con Raúl Montes quien, de ser subrogado por otra empresa de seguridad, no tendrá opción alguna a continuar la vía jurídica o emprender cualquier tipo de reclamación contra ninguna de las dos empresas", ha denunciado Vigias.
Por otro lado, el colectivo ha recordado que el Gobierno Vasco es responsable subsidiario por delegación, al ser cliente de la empresa Sabico, de todos aquellos trabajadores subcontratados en cualquiera de los contratos de servicios externos. En este caso, según la asociación de vigilantes, Lakua no ha tomado ninguna posición al respecto, "siendo consciente de la circunstancia de indefensión en que se encuentra Raúl Montes". No en vano, desde Vigias se ha recordado también que el propio Ejecutivo autonómico, a través de un comunicado el pasado día 5 por la directora de Política Familiar, Loli García, confirmó la puesta en marcha de una "campaña para fomentar las medidas públicas diseñadas para ayudar el cuidado de los hijos y el hogar, y el trabajo", medidas, que la asociación entiende han de alcanzar a todos los trabajadores en general y a Raúl en particular. A este respecto, el trabajador ha señalado que no quiere dinero para cuidar de su hija; sino tiempo para pasar con ella y conciliar la vida familiar y laboral.
Cabe recordar, que el escolta puso el caso en manos de los tribunales hace ya un año, pero la juez encargada del caso desestimó su petición aunque pidió a la empresa que, a la hora de hacer valer su poder de organización de los servicios, se guiara "por el principio de buena fe", cuestión que, según Raúl, la firma de seguridad ha incumplido. La empresa le ofreció entonces trabajar 15 días al mes en lugar de 17, pero Raúl rechazó esta opción al entender que si seguía en el mismo servicio, le iba a ser imposible conciliar trabajo y familia, debido a que se ve sometido a jornadas laborales superiores a las quince horas diarias de media. Ante esta situación, Raúl inició entonces su protesta mediante una huelga de hambre que mantiene hasta fecha de hoy y que, según dice, está dispuesto a llevar hasta el final.
Por otro lado, el escolta privado ha denunciado que se ha intentado comunicar en tres ocasiones con la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, para que medie en su caso, ya que Sabico está contratada por el Gobierno Vasco para ofrecer servicios de escolta, y que le reciba en su despacho para poder exponerle personalmente la situación. Sin embargo, su petición ha sido rechazada hasta en tres ocasiones.