Rafael Bengoa comparecía hace poco más de un año en el Parlamento Vasco, en una de sus primeras intervenciones tras llegar a la consejería de Sanidad. El objetivo era explicar el motivo por el que había iniciado un expediente informativo en relación a los contratos suscritos la pasada legislatura con la firma Medical Dom. Bengoa sostenía entonces que se habían cometido numerosas "irregularidades". Las consecuencias de aquellas declaraciones todavía colean en una comisión de investigación abierta en el Parlamento Vasco y en una denuncia ante el fiscal, que aún no se ha sustanciado.

En aquella comparecencia, Bengoa hizo referencia a la participación de tres médicos que trabajaban en la Sanidad pública, entre ellos, el doctor José Carlos Margüello, en la sociedad Medical Dom y las posibles incompatibilidades en las que pudieran haber incurrido para contratar. "La participación de los médicos mencionados (...) en el capital social de estas empresas en el momento de su constitución alcanza el 9,8%, estando legalmente determinado que sea inferior al 10%, y la certificación del registro mercantil señala que dos de dichos médicos han sido apoderados solidarios en algún período en algunas de las empresas afectadas (...) La figura del apoderado -afirmó en su momento Bengoa-, si bien a primera vista no parece ser causa formal de incompatibilidad, ostenta unos poderes tan amplios que por quien proceda deberían ser analizados para determinar si en la práctica pudieran constituir una incompatibilidad para contratar con la Administración".

La pregunta un año después es si Bengoa aplicará estas consideraciones en la persona de Pablo Arbeloa, alto cargo del departamento que dirige el consejero, quien le nombró hace una año director gerente de Osatek, una sociedad pública dedicada a realizar las resonancias magnéticas de Osakidetza y que en esta legislatura ha ampliado considerablemente su objeto social. Arbeloa, a través de su empresa Inqual XXI, aún conserva un 4,5% de acciones en la consultoría Plaold, contratada hasta en tres ocasiones en el último año por el Departamento de Sanidad. Otra firma contratada, Indesis, es propiedad de Orencio López, su socio en Plaold, al que le vendió el grueso de sus participaciones antes de debutar como alto cargo en el Gobierno de Patxi López. Arbeloa también había sido durante años administrador de Plaold.

En su comparecencia ante los parlamentarios hace una año, Bengoa apuntaba a las repercusiones éticas de compatibilizar el trabajo en el ámbito público con tener intereses en la empresa privada, aunque se respete la legalidad vigente: "Debo dejar encima de la mesa una cuestión por si ustedes entienden procedente reflexionar sobre la misma, a fin de formar un juicio sobre su admisibilidad en el plano ético, y es que resulta cuando menos sorprendente que el subdirector de calidad de un hospital (en referencia a Margüello) tenga participación en una empresa que se dedique a gestionar (...) la lista de espera que se produce en dicho hospital y que él mismo, entre otras tareas, es responsable de gestionar como parte de su cometido dentro del propio hospital." A diferencia de Margüello, Pablo Arbeloa es un alto cargo del departamento y entre sus obligaciones se encuentra la gestión de la plataforma multicanal que pondrá en contacto a Osakidetza con sus pacientes y que acaba de adjudicar a una unión temporal de empresas con un contrato de 12 millones.