vitoria. La relación de ideas resulta evidente: a menor falta de respeto a la autoridad, mayores muestras de vandalismo callejero. Álava adolece de obediencia y rebosa de delitos contra el orden público, tal y como constata la Fiscalía de la Audiencia Provincial en su memoria anual. Aumentan la desobediencia y los atentados, aunque en la parte positiva de la balanza hay que destacar que caen los desórdenes públicos. "Nos encontramos ante un grave problema de falta de autoridad o de falta de respeto a la autoridad, que tiene un componente muy profundo de cambio de valores o de pérdida de los mismos", reconoce el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre.

El salto experimentado entre 2008 y 2009 dentro de este capítulo criminal produce vértigo. En cifras generales, los delitos contra el orden público aumentaron un 42,97% a lo largo del año pasado, aunque el apartado que más preocupa es el de los atentados, que se incrementaron en un 151%. Tal y como señala el código penal, "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les haga resistencia activa también grave cuando se hallen ejecutando las labores de sus cargos o con ocasión de ellas". Circunstancias que, tal y como se desprende del texto presentado por Izaguirre, tienen especial relevancia durante los fines de semana y con sujetos ebrios como protagonistas.

Un factor que ha contribuido a incrementar el volumen de este capítulo a lo largo de 2009 ha sido, sin duda, el cambio de criterio manifestado por la Fiscalía en torno a esta cuestión. Hasta el año pasado todo era considerado falta en esta materia y ahora, sin embargo, es tratado como delito. Pero esta modificación no lo explica todo, sobre todo porque el fiscal jefe advierte de que gran parte del aumento se registra en las diligencias previas, es decir, en las calificaciones jurídicas hechas por el propio Juzgado de Instrucción sin intervención de la Fiscalía.

Ante esta situación, Izaguirre concluye que el problema radica en que la ciudadanía alavesa respeta cada vez menos el trabajo de los agentes y se enfrenta a ellos de forma violenta sin ningún tipo de recato. "Desafortunadamente, es cada vez más frecuente comprobar cómo ante una intervención policial derivada de un aviso de que una persona, en muchos casos ebria, o varias está causando molestias, bien en un establecimiento o en la vía pública, la reacción de estos individuos sea muy agresiva con los agentes", expone.

En algunos casos, basta con que aparezca una patrulla de algún cuerpo policial por determinadas zonas del territorio, fundamentalmente barrios muy concretos de la capital alavesa, para que se organice un tumulto. "Se llegan a producir graves altercados como consecuencia de la mera presencia policial", confirma la memoria.

Estos comportamientos chocan frontalmente, a juicio de Izaguirre con lo considerado "admisible" dentro de una "sociedad democrática". "El ejercicio del derecho al ocio no conlleva la libertad absoluta para molestar y agraviar a los demás ciudadanos", manifiesta de forma tajante el fiscal jefe. "El ejercicio de cualquier derecho o libertad en sociedad conlleva límites que, parece evidente, tienen su frontera más clara en los derechos de los demás", añade.

Izaguirre entiende que es "aún más grave" que estos comportamientos incívicos se vuelvan contra los agentes del orden "que tienen como misión velar por el ejercicio de la libertad de manera responsable". Por ello, ante ataques de elevada agresividad contra la Policía, advierte que habrá "una intervención contundente de la Administración de Justicia".

Pero el fiscal jefe no se limita a lanzar críticas contra los autores de estas agresiones, también aprovecha para plantear recomendaciones a los agentes. Así, les reclama que realicen un "escrupuloso y ponderado" ejercicio de sus potestades. "Los que ejercen la autoridad en nuestro nombre deben de saber que las facultades que les delegamos exigen de ellos un ejercicio de las mismas desde la prudencia y la conciencia de que nos hallamos inmersos en un modelo social y de valores muy diferente del que existía hace no demasiados años", recuerda la memoria de la Fiscalía.