Bilbao. El Ararteko, Iñigo Lamarca, recomienda a Osakidetza que adopte medidas para "reducir la demora" que, según "sugieren" las quejas que ha recibido la propia Defensoría del Pueblo Vasco, "existe en la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial". Esta recomendación, recogida en una resolución con fecha 30 de julio, incluye otra en el mismo sentido referida a un particular que no ha obtenido respuesta de Osakidetza al expediente iniciado hace más de un año por un caso de responsabilidad patrimonial. Asimismo, Lamarca detalló que, actualmente, estudia otro caso similar referido a 2010.
Según la información facilitada por la Defensoría del Pueblo, un particular presentó una queja ante Osakidetza por la falta de resolución expresa de una petición de responsabilidad patrimonial, que se refiere a aquellos casos donde una persona sufre, en sus bienes o derechos, algún tipo de daño al ser atendido en un servicio público. Posteriormente, en julio del año pasado, Osakidetza notificó a esta persona el inicio del correspondiente expediente, pidiéndole una evaluación económica, trámite que cumplimentó en septiembre. El 14 de enero de este año, el Ararteko solicitó a Osakidetza información sobre la tramitación del mencionado expediente y los responsables de la sanidad pública vasca contestaron, el 25 de enero, que el procedimiento no estaba dado por concluido, sino que se encontraba abierto, pendiente de que se emitiera el informe médico pericial.
Pese a las nuevas peticiones de información, el 13 de julio el interesado volvió a informar al Ararteko de que, "un año después, seguía sin respuesta" y, dos semanas más tarde, en la fecha de redacción de la mencionada resolución de Lamarca, Osakidetza tampoco había dado ninguna explicación formal.
Asimismo, el Ararteko advirtió de que existe otro expediente de queja de este año, que se encuentra en situación de trámite, también abierto con motivo de una petición de responsabilidad patrimonial contra Osakidetza. Por ello, Lamarca consideró que estos antecedentes "ponen de manifiesto una excesiva tardanza en la tramitación de este tipo de reclamaciones".
El Ararteko recordó que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así como el Reglamento de los Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial, establecen la obligación "dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes formulen los interesados". En cambio, el "silencio administrativo" mostrado en este caso provoca en el reclamante, según lamentó el Ararteko, una "mala percepción" de Osakidetza, puesto que, además de estar disconforme por la asistencia sanitaria, "se encuentra con que su solicitud obtiene la callada por respuesta".
