Vitoria. Las arcas forales desde ayer respiran un poco más tranquilas al conocer que el Tribunal de Arbitraje ha resuelto que la deuda exigida por las constructoras de la AP-1 a su paso por Etxabarri-Luko se ha reducido casi a menos de un tercio. De esta forma, en lugar de los 8,6 millones de euros que reclamaba la unión de empresas formada por Ferrovial, Lanbide y Copalsa tan sólo deberá desembolsar 3,1 millones de euros.
Es por ello que la reducción del sobrecoste demandado por las constructoras de este punto de la Vitoria-Eibar fue recibido con "relativa satisfacción" por parte del titular foral de Obras Públicas y Transportes, Luis Zarrabeitia. "La resolución supone que la Diputación defiende los intereses de Álava, ya que la cantidad final aceptada es sensiblemente inferior a la solicitada", añadió ayer el responsable foral.
Sin embargo, el arbitraje al que se ha sometido la sociedad pública Arabat, según el diputado de Obras Públicas, también es reflejo de la gestión del anterior equipo foral, fruto del "abandono en el que a nuestro juicio estuvo este proyecto", tal y como recordó ayer Zarrabeitia. "Se constata que la gestión realizada por el PP adoleció de un seguimiento de la obra que, en lo que respecta al tramo Etxabarri-Luko, ha concluido con un 20% de desvío".
Para hacer frente a este laudo, la Diputación recordó en mayo -cuando el proceso se encontraba en fase pericial- que una norma presupuestaria autoriza un endeudamiento para pagar la reclamación de esta UTE de empresas.
más quebraderos de cabeza Por otro lado, ayer también se conoció que a este sobrecoste de 3,1 millones de euros habría que añadir otros 31 millones de euros más a la cifra total por los trabajos de la AP-1. Así lo exigen las empresas del segundo tramo alavés de la Vitoria-Eibar. En concreto, las constructoras del tramo Luko-Arlaban (Dragados, FCC y Yarritu) piden a la sociedad pública Arabat la cantidad de 31 millones de euros. Es por ello que este segundo tramo de la autopista tiene los visos de dar más quebraderos al Palacio de la Provincia, tanto por la cantidad que se reclama como por el órgano encargado de dirimir el conflicto. En este caso, la UTE de Luko-Arlaban ha decidido que será la vía judicial la encargada de dictaminar el importe de la demanda. Sin embargo, dado que agosto es judicialmente inhábil, la respuesta de la parte demandada no se sabrá hasta septiembre.
El departamento de Zarrabeitia también descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar el paso por los tribunales tanto de Arabat como de esta UTE al calificar de "nula" la posibilidad de solucionarlo mediante otras vías extrajudiciales. En este sentido, Zarrabeitia reconoció que la Diputación aún no tenía previsto cómo hacer frente al pago de la deuda hasta no saber qué importe pedían en los juzgados estas constructoras.
De todas formas, las estimaciones de la deuda que hacía en mayo el Departamento de Obras Públicas eran algo más elevadas de los 31 millones de euros, "el trayecto entre Luko y Arlaban podía ascender a entre 38 y 39 millones de euros", valoró el diputado en su comparecencia en las Juntas Generales.
El año pasado se supo que el coste definitivo de la autopista se elevaba a 182,8 millones de euros, 60,8 millones de euros más de lo previsto, aunque las constructoras no estaban conformes y reclamaban 42,4 millones de euros.
