GASTEIZ. La CAV cuenta con un total de 53.914 perceptores de la renta de garantía de ingresos, 12.387 más que en el mismo periodo del 2009, mientras que el dinero destinado a cubrir esta prestación es de 27 millones de euros, 3,7 millones más que el pasado ejercicio.
Estos datos, a los que ha tenido acceso Efe, se corresponden con el mes de mayo y han sido remitidos por el Departamento vasco de Empleo y Asuntos Sociales al Parlamento autonómico.
La RGI es una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a las personas mayores de 23 años integradas en una unidad de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social.
Desde el mes de junio del 2009, con 41.527 beneficiarios, el número de personas que reciben la RGI se ha ido incrementando mes a mes hasta alcanzar los 53.914 titulares en mayo de este año.
Lo mismo ha ocurrido, de manera proporcional, con el dinero destinado por el Gobierno vasco para costear estas ayudas, que ha pasado de 23,2 millones en junio del 2009 a 27 en mayo de este año.
Del total, 7.128 personas reciben la prestación en Araba, con una dotación de 3,4 millones, 36.723 en Bizkaia, con 19,8 millones, y 10.063 en Gipuzkoa, con 3,8 millones.
En todo los territorios ha aumentado el número de beneficiarios en el último año, ya que en Araba eran 5.515 en junio del 2009, en Bizkaia 28.553 y en Gipuzkoa 7.477.
El decreto que regula la RGI, antigua renta básica, entró en vigor en junio. El Gobierno vasco ha autorizado este año un gasto de 281,4 millones de euros para hacer frente a las solicitudes de la RGI, ayudas que tienen un tope máximo de 650,10 euros mensuales, equivalente al 88 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional.
Según datos aportados por el Departamento dirigido por Gemma Zabaleta, el 36 por ciento de los perceptores de estas ayudas son pensionistas a los que se complementan sus ingresos hasta llegar al Salario Mínimo Profesional, mientras que el 33 por ciento de los beneficiarios no tienen ingresos y el resto son personas con escasas rentas de trabajo que son complementadas con la RGI.
El nuevo decreto establece que, una vez que llegue a Euskadi la transferencia de las políticas activas de empleo, los perceptores de estas ayudas, excepto los pensionistas, tienen que estar dispuestos a "activarse laboralmente" o mejorar los empleos que ya tienen por medio de la firma de convenios de inclusión que les permitirá acceder a cursos de formación y les obligará a aceptar empleos adecuados que les sean ofrecidos.
El objetivo es conectar directamente la prestación de la RGI con los itinerarios de inserción laboral a través de Lanbide.
