vitoria. Casi la mitad de los subsidios que se conceden en el Estado a los ciudadanos en riesgo de exclusión beneficia a ciudadanos vascos, según un estudio presentado ayer en el Parlamento Vasco por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. En concreto, un 40,2% de los 300 millones de euros que cada año desembolsan las comunidades autónomas por este concepto va a parar a las cuentas de ciudadanos domiciliados en Euskadi, pese a que tan sólo el 2% de los hogares en riesgo de exclusión del Estado se encuentra en Álava, Gipuzkoa o Bizkaia.
Asimismo, el 38,4% de los perceptores de la Renta Básica está empadronado en Euskadi, un porcentaje que resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que la tasa de pobreza en la CAV es tres veces menor que la media estatal. Pese a lo desproporcionado de las cifras vascas, la consejera negó ayer que los perceptores de este subsidio sean "vagos, maleantes y gente de mal vivir", y en ese sentido explicó que el 60% de quienes cobran esta ayuda es una persona mayor que ya no está en edad de trabajar o personas cuyo salario no les da para vivir con un mínimo de dignidad.
Además, hay que tener en cuenta que en otros sistemas diferentes del vasco no se conceden estas ayudas a pensionistas.
En todo caso, Zabaleta insistió en que la percepción de las ayudas se vinculará a la empleabilidad, es decir, a la disposición del beneficiario a formarse y a encontrar un trabajo, hasta el punto de que deberá firmar un contrato en el que se compromete a buscar trabajo de forma activa.
La consejera se reunirá el viernes con los directores de las ocho oficinas de Lanbide (dos de ellas alavesas, las de Amurrio y Agurain) que desarrollan hasta diciembre el programa piloto por el que el perceptor de la Renta Básica firma el contrato de inclusión activa. El Departamento realizará un primer balance de la experiencia.
Zabaleta añadió que, según el estudio elaborado por el técnico del Departamento Luis Sanzo, la Renta Básica ha mantenido 26.770 empleos en la Comunidad Autónoma Vasca, gracias a que ha permitido mantener el consumo en 4.567 casos; y a la vinculación de las ayudas a la búsqueda de empleo, que ha salvado 22.203 puestos.
