vitoria. Por primera vez el PNV ha hablado alto y claro sobre su presunta implicación en la trama de corrupción descubierta en Álava, en la que están imputadas once personas vinculadas al partido. Su presidente, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que "pone la mano en el fuego" por la formación nacionalista al tiempo que negó que "cualquier actuación" delictiva de los encausados pueda estar "amparada, dirigida y destinada al PNV en su conjunto".

En una entrevista concedida a RNE, Urkullu recordó que las actuaciones están sub iudice y que él, en estos momentos, no es capaz de juzgar. "Quiero creer en la inocencia de estas personas, además de creer en la presunción de inocencia, pero lo que tengo que decir como responsable del PNV es que no es el PNV el que directamente está imputado", señaló.

Además, realizó "un llamamiento, desde un código ético", que la formación nacionalista "tiene que respetar escrupulosamente", a las personas que están imputadas para que "valoren si hay una imagen lesiva del PNV y que fueran ellas, desde su reflexión, las que tomaran sus decisiones".

nuevas declaraciones Mientras tanto, la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria sigue su curso, y ayer fue el turno de tomar declaración a dos de las últimas personas que han pasado a integrar la lista de imputados. El primero en personarse en el despacho del juez fue Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe.

Según el testimonio de algunos de los abogados defensores, del que se hizo eco ayer Radio Vitoria, la declaración duró en torno a cuatro horas, tiempo durante el cual contestó a la mayor parte de las preguntas que le fueron realizadas. Al parecer, la declaración fue correcta y en ningún momento entró en contradicciones, por lo que no descartan que se levante la imputación.

Otro de los llamados a declarar ayer fue Xabier Sánchez Robles, que ejerció como director de Juventud también durante el mandato jeltzale. En ambos casos, tanto el titular de Juzgado, Roberto Ramos, como la Fiscalía, están investigando la concesión de contratos por parte del Gobierno Vasco a dos empresas relacionadas con esta presunta trama de corrupción.

Se trata, por un lado, de Kataia Consulting, cuya sede se encuentra en la sociedad gastronómica de la calle Etxezarra que fue registrada el pasado 17 de marzo, el mismo día de las detenciones. La compañía es propiedad del ex diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, así como de otros imputados y de sus mujeres. También se encuentra bajo sospecha Errexal, una empresa dedicada a la gestión cultural y que es propiedad de un concejal del PNV. La firma recibió 16 contratos del anterior Ejecutivo vasco por un valor superior a los 150.000 euros, por lo que está siendo investigada.

Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles no serán los únicos que pasarán esta semana por el despacho del juez. Hoy mismo van a ser llamados los ingenieros Andrés Iturralde y Eduardo Pérez que, a diferencia de los anteriores, no acudirán en calidad de imputados sino como testigos.