Vitoria. La búsqueda de un mayor grado de bienestar es uno de los principales objetivos de la sociedad actual. Esta realidad ha mutado mucho si se tienen en cuenta los cambios demográficos que de los últimos tiempos. Los estudios demuestran que la población está formada cada vez más por personas mayores o con alguna enfermedad o discapacidad. Conforme a esta realidad se aprobó hace tres años la conocida como Ley de Dependencia, que pretendía ser un respiro para que estos ciudadanos superaran las dificultades del día a día con más facilidad.
Y Álava sigue siendo un referente en este campo. Mientras que en el resto del Estado se tardó mucho en poner en práctica esta nueva norma, la Diputación fue la pionera en echar a andar hacia una mejora. No en vano, en los tres primeros años de andadura de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, el Ejecutivo foral ha conseguido que el 97% de los alaveses que han solicitado una valoración del grado de dependencia tengan ya reconocido su estado.
El Instituto Foral de Bienestar Social había valorado a abril de este año 14.494 expedientes de los 15.024 tramitados para poder acceder a los servicios que contempla esta normativa estatal. Estas cifras demuestran que -a pesar de que la mayoría de estas peticiones se concentró durante el primer año de la norma, con 7.987 casos- la eficacia de resolución de las mismas sigue manteniéndose a un ritmo más equilibrado ahora después del primer aluvión de demandas.
Y es que los plazos que deben esperar los solicitantes son asumibles, más aún si se compara con otras comunidades en las que el retraso se cuenta por varios meses. En el territorio, desde que se realiza la petición de valoración hasta que ésta se lleva a cabo, el plazo medio de tramitación es de un mes y medio. Aproximadamente el mismo tiempo que tarda la Administración en evaluar el programa individualizado de atención que requiere el dependiente. Luego llega el momento de acceder a la ayuda concreta. Un periodo que varía en función de la prestación a la que se acceda siendo menor la espera en caso de recibir asistencia económica y algo mayor en caso de servicios más específicos como los residenciales, que pueden tardar algo más por la problemática de las plazas.
Y aunque los plazos medios son más cortos que los estatales, eso no evita que haya ciudadanos que hayan fallecido antes de llegar a disfrutar las prestaciones que ofrece la Ley, en muchos casos por su bajo grado de autonomía. De hecho, el 38,1% de las 14.728 personas reconocidas en Álava tiene asignado el grado 3, considerado como el de grandes dependientes; el 28,6% es de grado 2; el 18,5%, de grado 1; y el 14,8%, no ha dado ningún nivel de dependencia.
prestaciones económicas Así las cosas, el recurso más solicitado entre las personas que ya disfrutan de las prestaciones asignadas por esta Ley es la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Esta realidad refuerza la idea de promocionar que los dependientes puedan permanecer en su entorno habitual mientras sea posible ya que es allí donde se encuentran más cómodos y que, en caso de ayuda, sean los propios familiares quienes se ocupen de sus seres queridos. En esta situación se encuentran 3.794 dependientes de los 4.378 que tienen asignadas subvenciones puramente monetarias. El resto se corresponde con las 582 concesiones realizadas a los recursos vinculados al servicio y las dos de ayuda económica de corta estancia.
Por detrás de este tipo de asistencia, se encuentran las correspondientes al servicio de ayuda domiciliaria (SAD) y de teleasistencia, atenciones ambas dos que engloban a un total de 3.567 dependientes con especial incidencia en las 2.485 peticiones correspondientes al primer recurso.
Por último, los 2.476 expedientes que encuentran como solución óptima a la situación del solicitante una prestación residencial. Una opción que beneficia fundamentalmente a los grandes dependientes en caso de una plaza en una residencia tanto para las personas mayores como para aquéllas con discapacidad o con alguna enfermedad mental. Los servicios de centro de día o vivienda comunitaria son más comunes en el caso de aquellos ciudadanos con más autonomía, al igual que el recurso de centros ocupacionales.
