madrid. Tras la reunión del Consejo de Ministros que ayer analizó un informe sobre la incidencia de la Ley Antitabaco en España, la ministra Trinidad Jiménez aseguró que es su deber y responsabilidad el "proteger" a los ciudadanos ya que el tabaco provoca en España 116 muertes al día. Por eso, el PSOE, con el apoyo de IU, ICV(Iniciativa per Catalunya Verds) y ERC, ha registrado en el Congreso una proposición de ley para prohibir el consumo de tabaco en todos los establecimientos públicos a partir del 1 de enero de 2011.
CIU, por su parte, ha anunciado su apoyo al Gobierno pero ha criticado que haya escogido la vía de la proposición de ley para ahorrarse la memoria económica y un informe del Consejo de Estado.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández, ha explicado que "ahora es necesario hacer un esfuerzo adicional" ya que el tabaco mata cada año a 55.000 fumadores y a entre 1.300 y 3.000 no fumadores.
Aunque el texto de la futura Ley Antitabaco ha sido presentada en las Cortes con el apoyo de "algunos partidos políticos", la iniciativa "ha sido consultada con todos" porque en el Congreso todos son conscientes de la necesidad de introducir una reforma que permita "el cumplimiento de los objetivos de la ley".
Jiménez ha destacado el amplio respaldo social de la reforma y ha recordado que, en 2006, el 34% de los españoles estaba de acuerdo en endurecer la ley, cifra que en 2009 llegaba a 48%.
Además, aunque en 2006 la mayoría de los españoles (el 46%) opinaba que la ley se respetaba "bastante", el 60% de los encuestados se queja ahora de que los fumadores no cumplen la ley. Estas opiniones, unidas a los datos del último Eurobarómetro, que advierten que la exposición al humo del tabaco en bares y restaurantes en España está entre el 85 y el 93% (el doble que en la UE), son los principales motivos que han llevado al Ministerio a promover esta reforma, según ha explicado Jiménez.
La ministra se ha mostrado convencida de que el endurecimiento de la norma ayudará a miles de ciudadanos a dejar de fumar porque en los últimos años se ha reducido el número de cajetillas vendidas y el de cigarrillos consumidos.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno "compense" con ayudas a los hosteleros que han realizado reformas en sus locales para adaptarse a la Ley Antitabaco, ha aclarado que ese punto no se ha debatido, pero no ha descartado que en el trámite parlamentario se pueda plantear algún tipo de ayudas para los empresarios.
No obstante, ha recordado que esas reformas sólo las han acometido el 2% de los locales, con un coste de entre 8.000 y 12.000 euros, una cifra "fácil de amortizar" en cuatro años. Al respecto, CiU critica que aunque sean pocos habría que recompensar sus esfuerzos.
