vitoria. Los grupos junteros del PNV y del PSE de Álava impidieron ayer que el PP tenga acceso a las declaraciones de bienes del ex diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, y del ex director del Instituto de Bienestar Social, Koldo Otxandiano, como había solicitado el grupo popular.

Según informaron fuentes de distintos grupos junteros, el PP reclamó ayer acceder a las declaraciones de bienes que habían hecho estos dos ex cargos forales, imputados ambos en la presunta trama de corrupción urbanística que investiga la Fiscalía de Vitoria, que les acusa, junto a otras seis personas vinculadas al PNV, de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El PP se amparaba para ello en la norma foral, que establece que la Cámara foral tendrá derecho a solicitar la declaración de bienes del diputado general, de los miembros del Consejo de Diputados, así como de los directores de los distintos departamentos, organismos autónomos y sociedades públicas forales.

Mientras que el acceso a la declaración de actividades se realiza a través del registro público, la declaración de bienes está regulada por esta normativa, que no precisa sin embargo el modo en el que las Juntas Generales pueden acceder a esos datos. Por ello, en la reunión de ayer se propuso que el acceso se lleve a cabo mediante la personación en el registro de la institución, de forma que los solicitantes pudieran tomar nota de los datos de las declaraciones de bienes que hicieron De Miguel y Otxandiano, tanto al acceder a sus cargos como al abandonarlos, el primero hace un mes, al conocerse su imputación en el caso de corrupción, y el segundo cuando cesó en 2008.

También se ha solicitado que se pueda tomar nota de los datos, pero no hacer fotocopias ni llevarse documentación alguna, y que además las personas que tengan acceso a las declaraciones firmen un documento para comprometerse a no divulgar públicamente la información, propuesta que fue rechazada con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención de EA.

El teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, pidió por su parte que, "con la mayor celeridad" se levante el secreto de sumario de la presunta trama de corrupción. Rodríguez solicitó a la Fiscalía y al juez instructor "que hagan todo lo que tienen que hacer con la mayor celeridad posible" para conocer cual es la "situación real" del sumario y sostuvo que "no hay ninguna novedad". Además, explicó que la Diputación no podrá tener acceso a la información hasta que se levante dicho secreto.