Un Juzgado de lo Penal de Girona ha condenado a más de año y medio de cárcel y a una multa de 6.000 euros al encargado de un restaurante que pretendía obligar a abortar a una de las empleadas para mantener el puesto de trabajo. La sentencia considera al acusado culpable de un delito de coacción y se da así credibilidad a la versión de la víctima, que inicialmente denunció su situación al sindicato UGT. La mujer, pese a las indicaciones del encargado, decidió no abortar, perdió el trabajo y su litigio se salda tres años después con esta decisión favorable del juez.
