vitoria. El diputado general, Xabier Agirre, compareció ayer ante las Juntas Generales por primera vez desde que se conociese la imputación de Alfredo de Miguel, ex miembro de su Ejecutivo, por participar en una presunta trama de corrupción urbanística que ha salpicado a otras siete personas, entre las que se encuentran destacados miembros del PNV alavés. No lo hizo para aportar nuevos datos sobre una investigación que, cabe recordar, continúa bajo secreto de sumario, sino para responder a la denuncia realizada la semana pasada por el PP sobre las supuestas incompatibilidades en las que podría haber incurrido De Miguel, que dimitió un día después de destaparse el escándalo, por dedicarse a actividades mercantiles privadas al margen de su cargo. Entre otras, su participación en la sociedad Landaburu Etxea S.L., a través de la que el PNV adquirió su nueva sede en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz y de la que el ex diputado era administrador único desde 2006.

Agirre explicó que en la primera declaración de actividades que De Miguel presentó en 2007 ante la secretaría general de la Diputación, antes de acceder a su cargo, no figuraba su participación en esta empresa, de ahí que este órgano emitiese el informe favorable de compatibilidad del ex diputado en enero del año siguiente y Agirre, días después, firmase el decreto de compatibilidad de todos los miembros de su ejecutivo de acuerdo con ese visto bueno.

A la vista de los acontecimientos, el jefe del Gobierno foral manifestó ayer que si los datos incluidos por De Miguel en ese primer documento fueron "incompletos o inexactos", la responsabilidad debería ser imputable "en exclusiva al declarante", el propio De Miguel, dado que la secretaría no debe dedicarse a realizar "labores detectivescas".

El ex diputado de Administración Local, según corroboró Agirre ante los grupos junteros, sí aportó meses después a la secretaría esa información que quedó al margen en primera instancia, lo que pone de relieve que "actuó con absoluta buena fe". No obstante, a juicio del diputado general, si De Miguel presentó esta nueva declaración que modificaba la anterior debió haber sido la secretaría quien comprobase esos nuevos datos "para proceder a su análisis" y, en su caso, realizar un nuevo informe sobre la incompatibilidad o no del ex diputado. Agirre reconoció que "probablemente" la condición de administrador de De Miguel en dicha empresa era incompatible con su cargo en el Gobierno. "Eso no se lo voy a negar", le espetó al portavoz popular, Javier de Andrés.

Para evitar suspicacias, el diputado general avanzó que ya ha encargado a la secretaría general que revise las declaraciones de todos los diputados y altos cargos del ente foral para emitir nuevos informes que descarten irregularidades, y que próximamente mantendrá una reunión con este órgano para conocer las razones de su actuación. "Cada uno debe asumir sus responsabilidades", zanjó el diputado general.

De Andrés, que se mostró especialmente incisivo con Agirre, denunció que la incompatibilidad del ex diputado se demuestra no sólo porque participó en sociedades como Landaburu Etxea y Eskalmelo, dedicada a la gestión de suelo rural, sino porque ambas empresas desempeñaban actividades "no ajenas" al departamento de Administración Local dirigido por De Miguel hasta hace dos semanas. Agirre, con todo, aclaró que ninguna de estas firmas, tampoco la asesoría de la esposa del ex diputado -Kataia Consulting-, ha recibido contratos o subvenciones por parte del Gobierno foral. El resto de grupos de la oposición apelaron a la "prudencia" hasta que se conozcan nuevos datos de este controvertido caso. Txarli Prieto (PSE) rechazó hacer "juicios paralelos", Patxi Martinez de Albeniz (EA) y Ramiro González (PNV) agradecieron la "contundencia" con la que a su juicio a actuado Agirre, mientras Iñaki Aldekoa (Aralar) planteó la opción de constituir una comisión de investigación sobre ese caso y Aitor Bezares (antigua ANV) solicitó la comparecencia ante las Juntas del propio Alfredo de Miguel.