vitoria. Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Garoña, presentó ayer ante la Audiencia Nacional una demanda contra la orden del Gobierno de Zapatero que decretó el cierre de la planta en julio de 2013. La firma se une así al recurso presentado el lunes por la Junta de Castilla y León, también contraria a su clausura, argumentando que nunca antes un gobierno había dictaminado en contra de lo aconsejado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La compañía Nuclenor, participada al 50% por las eléctricas Endesa e Iberdrola, informa de que la demanda, que ha sido presentada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, exige que se anule la orden ministerial de cierre, al entender que es contraria a la legislación vigente en materia nuclear, en la que se autoriza la prórroga del funcionamiento de las plantas siempre que demuestren que son seguras.

Además, Nuclenor pide que se reconozca de forma expresa la prórroga de la actividad de la central hasta el año 2019, como recomendó el CSN, y solicita una indemnización por los "posibles perjuicios" causados por esta decisión.

El anuncio del cierre de Garoña ha despertado de nuevo el debate sobre la idoneidad de la energía nuclear. Defensores y detractores no se ponen de acuerdo, tal y como ocurre en el caso de Garoña, donde Álava se congratula del cierre por motivos de seguridad mientras Burgos teme las pérdidas económicas que supone para el valle de Tobalina.