Vitoria. El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola, defendió ayer la necesidad de una "gestión compartida" con los ayuntamientos en políticas de vivienda y abogó por acordar con las diputaciones medidas fiscales que favorezcan el alquiler y la rehabilitación.

El consejero clausuró en la capital alavesa la quinta jornada de trabajo del Pacto Social por la Vivienda, en la que han participado numerosos agentes sociales y económicos, y cuyas conclusiones servirán para elaborar el próximo Plan Director, la Ley de Vivienda que el Ejecutivo remitirá al Parlamento Vasco este año y las políticas a aplicar por el conjunto de las instituciones.

Arriola destacó que, dada la "complejidad institucional del país", es necesario buscar mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas, especialmente con los ayuntamientos, ya que "son una pieza fundamental en la gestión de las políticas de vivienda". En ese sentido subrayó la apuesta de su Gobierno por el alquiler y las políticas de rehabilitación y regeneración urbana y, para ello, pidió también la "complicidad" de las diputaciones para acordar políticas fiscales que favorezcan estas medidas. Se mostró partidario asimismo de buscar "fórmulas imaginativas" de colaboración público-privada con el fin de lograr recursos económicos para destinarlos a llevar a cabo las políticas de alquiler y de rehabilitación.

Durante la jornada de ayer, más de 70 representantes de constructores, promotores, propietarios, registradores, diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, partidos y diversas asociaciones, debatieron sobre el papel de las instituciones en materia de vivienda y sobre las políticas públicas de fiscalidad, financiación y ayudas para las VPO.

Los asistentes abogaron por crear mecanismos de colaboración entre las instituciones y disponer de un inventario de suelo actualizado, además de ayudar a los municipios en aquellos casos en que sea necesario acabar con el fenómeno de la infravivienda y sobreocupación, entre otras actuaciones. También creyeron necesario establecer una ventana única en materia de rehabilitación, y que exista intercambio de información entre los ayuntamientos y el Gobierno Vasco de las bases de demandantes de vivienda protegida. En cuanto a fiscalidad, los agentes sociales debatieron sobre la conveniencia de ampliar las desgravaciones fiscales al alquiler, tanto para el propietario como para el inquilino, y sobre la necesidad de impulsar políticas fiscales que favorezcan la rehabilitación. Al respecto, el Gobierno Vasco cree que estas medidas permitirían que aflorase parte de la economía sumergida que se esconde tras el alquiler y, sobre todo, en el País Vasco, en la rehabilitación. Tras esta última jornada comenzará la elaboración de un documento de consenso que aglutine las aportaciones que han hecho los distintos agentes durante todo el proceso. >dna