GASTEIZ. El consejero vasco de Industria, Bernabé Unda, ha comparecido en el Parlamento a petición propia para explicar un pacto entre las instituciones vascas que establece una serie de criterios generales para la implantación de parques eólicos en Euskadi.
Este 'pacto eólico' es fruto de varios meses de diálogo entre los Departamentos de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, del Gobierno Vasco, junto con las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). énicamente el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Araba se ha desvinculado del pacto eólico, según han informado fuentes del Ejecutivo de Gasteiz.
Mediante el acuerdo, las instituciones firmantes se comprometen, entre otras cosas, a utilizar el máximo de energía procedente de fuentes de energía renovables y preservar sus espacios naturales y sus ecosistemas, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a ahorrar en el consumo de energía y utilizar la energía con la mayor eficiencia posible; a desarrollar el potencial eólico de Euskadi, a preservar el medio natural, en concreto los espacios de la Red Natura 2000, y a apostar por un modelo económico-jurídico en el diseño de la titularidad de los parques eólicos que ofrezca participación a las entidades locales.
El pacto incluye una reflexión sobre los parques planteados en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 y declara que, en este momento, no es oportuno que estos emplazamientos puedan albergar instalaciones de estas características, por los que propone que estos emplazamientos sean evaluados posteriormente.
El resto de emplazamientos incluidos en el vigente Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energía Eólica que no afectan a ningún espacio Red Natura 2000, así como los denominados miniparques, serán sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental que determinará, en su caso, su idoneidad.
El Gobierno Vasco, que posee las competencias de planificación y desarrollo energético, así como de evaluación de impacto ambiental de los planes y proyectos energéticos, expresa en el acuerdo con las otras instituciones la voluntad de conseguir el objetivo marcado por la Unión Europea de que para 2020 el 20 % del consumo final de energía en los Estados miembro proceda de fuentes renovables. Y se compromete a compatibilizarlo con la máxima protección posible del medio natural vasco.
