En julio de 2009, el Gobierno central despejó las dudas que aún flotaban en el aire sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. La planta atómica más antigua del Estado no se beneficiaría de los diez años de prórroga que había solicitado la empresa explotadora de la instalación, Nuclenor, pero tampoco echaría la persiana de forma inmediata, tal y como exigían los grupos antinucleares. Cuatro años más de pervivencia se antojaron una decisión salomónica que dejó a los dos bandos equidistantes del descontento. La preocupación, a partir de ese momento se centró en lo que sucedería de julio de 2013 en adelante, cuando Garoña deje de bombear electricidad. La Junta de Castilla y León, gestora del suelo sobre el que se eleva la planta, se apresuró a sentar a la mesa de la negociación a los responsables del Ministerio de Política Territorial y pactó con ellos un programa de ayudas al empleo y de dinamización económica dividido en tres años a razón de 300 millones de euros por ejercicio. Una iniciativa financiada a partes iguales por las instituciones castellanas y las de Madrid que incluía un regalo por parte de estos últimos: 2.000 millones en infraestructuras. "Actuaciones que el Gobierno (central) tenía previsto realizar en la zona y que como consecuencia de la aprobación del plan serán objeto de un nuevo impulso", según precisa el documento.
Pero Javier Nieva, presidente de la Junta Administrativa de Sobrón, fijó su atención en otro capítulo del texto. Se dio cuenta de que aunque este plan de dinamización consideraba que el cierre de la central afectaría a trece municipios alaveses, el acuerdo económico se desentendía de ellos. Por eso ayer se alegró cuando leyó en DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA que la Diputación había elaborado una propuesta similar a la consensuada al otro lado de la muga. "Es que no entendía por qué después de tantos años de influencia negativa de la central sobre la zona, de los planes de evacuación y de la cantidad de turismo que la presencia de Garoña nos ha restado, nos dejaran al margen", apunta.
Cobijado del frío en el bar Durtzi de Lantarón, muy cerca de la presa y del armazón de metal inacabado que da cuenta del intento de recuperación del balneario de la zona, Javier detalla que la desaparición de Garoña apenas repercutirá laboralmente sobre la zona alavesa, ya que casi todos los empleados de la central residen en Miranda de Ebro, aunque puntualiza que durante muchos años la presencia de un reactor nuclear a apenas 10 kilómetros del pueblo ha disuadido a muchos visitantes. "Cuando llegan las vacaciones la gente no acostumbra a elegir como destino turístico un pueblo junto a una planta atómica. Si puede elegir, elige otro lugar", reconoce.
Precisamente por ello, entiende que debe existir una contraprestación para los municipios alaveses que, puntualiza, "estamos mucho más cerca de la planta que Miranda y por lo tanto la padecemos mucho más". Confía en que la propuesta de la Diputación alavesa fructifique y se materialice en dinero. Partidas presupuestarias contantes y sonantes que sirvan para "fomentar una comarca que atraviesa un momento complicado". Como ejemplo de dichas tribulaciones recuerda el frustrado proyecto de recuperación del balneario. "Se comenzó a construir, pero llegó la crisis y todo se detuvo. Existe un plan director para revitalizar el turismo y una hoja de ruta. Lo que no hay es presupuesto para llevarlo a cabo", lamenta.
Nuria prepara cafés desde primera hora de la mañana tras la barra de La Pilastra, un bar ubicado en la carretera de Puentelarrá, localidad circunscrita al municipio de Lantarón. Por su local, situado también dentro del área de influencia de diez kilómetros alrededor de Garoña, pasan cada día todo tipo de personas y muchas de ellas hablan del cierre de la central. "Es un tema muy comentado desde hace meses", señala.
Al igual que Javier, tiene la impresión de que la pérdida de empleos se notará más en Miranda de Ebro e incluso en Trespaderne, pero asegura que la desaparición de la central también provocará efectos negativos en la margen alavesa de la zona de afección. "Sobre el cierre de la central -indica- se escuchan opiniones de todo tipo, porque hay gente a la que le perjudica y otra a la que le da de comer. En todo caso, su desaparición se va a notar en toda la zona".
Lo que subraya que ha sido bien recibido por todos ha sido el anuncio de la propuesta de plan para dinamizar a los municipios del entorno de Garoña presentada por la Diputación. "Todo lo que sea invertir en la zona será positivo porque la gente se está marchando de los pueblos. La situación ahora mismo es mala y hace falta ofrecer alicientes para que los jóvenes decidan quedarse", puntualiza.
En las inmediaciones del Ayuntamiento de Lantarón, un impresionante edificio rojo rodeado de casitas, Edurne y Nuria se afanan por dejar la vía pública impoluta. Aunque las dos viven en el pueblo, reconocen que no han escuchado comentarios sobre los efectos que conllevará el cierre de Garoña. "La verdad es que no paro mucho por casa y casi todos mis vecinos trabajan fuera, aunque no en la central", señala Nuria. "De momento, la gente de la zona no comenta nada sobre la clausura de la planta", remata su compañera Edurne.
