Madrid. El secuestro durante 47 días a manos de piratas somalíes del atunero vasco Alakrana continúa abierto, al menos en las instancias judiciales. Ayer mismo, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, volvió a remitir un requerimiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para pedirle que identifique a las "personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales" que pudieron participar como "intermediarios o destinatarios" en el pago del rescate que habría permitido la liberación de la tripulación.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga el pago del supuesto rescate en una pieza secreta, adoptó esta resolución a instancias del fiscal Jesús Alonso, que le solicitó este pasado martes que se dirigiera a los servicios secretos para preguntarles por la identidad de las personas que pudieron participar en esta maniobra, "pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería".

Durante el pasado mes de diciembre, el CNI se negó a facilitar esta información al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 alegando que se trataba de información confidencial, por lo que debía ser desclasificada previamente por el Consejo de Ministros, según explicaron fuentes jurídicas. En el marco de esta instrucción, el Cuerpo Nacional de Policía remitió durante la última semana de enero un informe al juez en el que se descartaba que el armador del Alakrana, Kepa Etxebarria, abonara un rescate, que los propios piratas cifraron en la cantidad de 2,7 millones de euros. Según publicaron algunos medios, durante su declaración ante el juez, Etxebarria aseguró que el peso de la negociación con los piratas recayó sobre un misterioso personaje que dijo llamarse Pepe y que no pudo especificar si pertenecía a los servicios de inteligencia.

Examen médico Durante el desarrollo de la otra causa, la que se sigue contra los dos presuntos piratas Abdu Willy y Raageggesey, el juez Pedraz ha ordenado que los 16 marineros vascos y gallegos que formaban parte de la tripulación sean sometidos a exámenes forenses para determinar los daños psicológicos y físicos que sufrieron durante su cautiverio. Eso sí, los marineros no tendrán que volver a ser interrogados sobre la causa, que todavía sigue abierta.