vitoria. Dentro de diez años, la Diputación Foral de Álava prevé que habrá 8.000 personas dependientes más. Una situación que obliga a un replanteamiento financiero del actual modelo de servicios sociales para asegurar su supervivencia. El reto que se plantea es gestionar bien los recursos para que se siga hablando del modelo alavés de servicios sociales. Sin embargo, este modelo se ha desbordado por el envejecimiento de la población. En 2020 habrá en Álava 35.880 personas dependientes y con discapacidades, unas ocho mil más, respecto a 2006, según los informes que presentó ayer Covadonga Solaguren, diputada de Política Social, en las Juntas Generales. Se trataba de la primera fase de la hoja de ruta marcada por el diputado general, Xabier Agirre.
La contención del gasto, que priorizará la atención a personas dependientes y la optimización de los recursos sociales forman parte de las nuevas estrategias. Determinar cuál será la participación económica del usuario y el gasto de cada una de las instituciones será la clave para afrontar la sostenibilidad de los servicios sociales.
La fórmula que plantea el departamento que dirige Solaguren es el copago, que en principio se aplicará a los servicios de atención secundaria, mientras que los primarios serán gratuitos. Y es que, se prevé un cambio en las preferencias de los dependientes, que apuntan por los servicios de asistencia domiciliaria frente al prestado en centros de tipo residencial. Y es que, la titular foral explicó que la ley establece entre los deberes de las personas usuarias el contribuir a la financiación del coste de la prestación o servicio mediante una tasa abonada por las personas usuarias para el pago de los servicios no gratuitos. La cuestión a debatir es el grado de universalidad de las prestaciones o servicios que deben ser gratis. "Diferentes países se han dirigido hacia la definición de servicios sujetos a copago", explicó Solaguren. "También se pueden impulsar mecanismos de activación del patrimonio inmobiliario para que las personas puedan contribuir con sus bienes a la financiación de los gastos del final de sus vidas", detalló la diputada.
Se habla de más implicación del sector privado. Una línea que criticó Jon Iñaki Usategi, portavoz en las Juntas del Grupo Mixto, quien acusó ayer al Ejecutivo de "fortalecer las tendencias privatizadoras que existen en la sociedad alavesa. De hecho -matizó- en estos últimos tres años, el incremento de plazas públicas es cero". El representante del Grupo Mixto denunció el proyecto de Solaguren por empezar "la casa por el tejado", de aportar ideas sin materializar. "No se explica el órgano de la cartera, que especifica el reparto competencial", matizó Usategi. Una visión que compartió el PSE. "Hemos visto mucha teoría y poca práctica, ¿dónde están las previsiones presupuestarias?, se cuestionó. A su vez, el PNV preguntó a la diputada sobre el plazo límite para definir estas medidas. "Como muy tarde, el plan de sostenibilidad tiene que estar aprobado a principios de julio", respondió Solaguren. La titular de Asuntos Sociales recalcó que lo más importante de este documento es que es una aportación de ideas para que se legitime mediante un consenso.
l Personas mayores. En el año 2020 vivirán 71.500 personas mayores de 65 años en Álava, lo que supone el 20,8% de la población prevista para dicho ejercicio. El porcentaje de personas con más de 80 años alcanzará el 6,4% del total de la población, frente al 4,5% de 2006. En 2020 habrá en Álava 35.880 personas dependientes y con discapacidad, por lo que el número de usuarios de la red de servicios sociales aumentará en 8.000.
l Gasto en servicios sociales. En 2009 se situaba en 205.970.809 euros. La subvención que destina la Diputación al Instituto Foral de Bienestar Social es de un total de 144.974.579 millones de euros, lo que supone el 23,68% del presupuesto foral. En 1985, el gasto del Instituto Foral de Bienestar Social era de 13 millones de euros, mientras que en 2009 aumentó a 205 millones. Frente a los 50 euros per cápita del gasto en 1985, en 2009 se situó en 652,79 euros.
l Gasto por programas. El año pasado, el programa de personas mayores tuvo una partida presupuestaria de 59.144.774 euros. El de personas con discapacidad fue de 41.504.737 euros e intervención social, de 84.212.941 euros. Las personas mayores fueron el sector al que se dedicó la mayor parte del presupuesto de 2009, un 49,4%. A los usuarios con discapacidad se dedicó un 26,1% y a los menores y familias, un 7,6%.
