Bilbao. El aumento de los desahucios de viviendas y comercios, los pleitos por incumplimientos de contratos, los conflictos laborales y, en cierta medida, la criminalidad, todo ello producto de la precaria situación económica, han incrementado el trabajo de los abogados de oficio. También ha contribuido a ello la "extremada judicialización de la vida de los conflictos y de las personas". "La crisis pasará, pero la tendencia de la judicialización, no", explica Gemma Escapa, miembro de la comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Bizkaia. "Hay demandas nuevas que van surgiendo por la crisis, la inmigración y las prestaciones sociales, como la Ley de Dependencia".

Ésta esgrime los datos relativos a Bizkaia: los expedientes de justicia gratuita tramitados (no se contabilizan los asuntos penales salvo las alcoholemias) se han disparado un 40% en dos años, llegando en 2009 a los 6.740 procedimientos, cuando dos años atrás los expedientes apenas superaron la cifra de los 4.800.

El problema surge cuando se tiene que realizar mucho más trabajo con el mismo presupuesto. Es lo que les ocurre a los colegios de abogados de la CAV, que tienen congelado el presupuesto que el Gobierno Vasco destina al turno de oficio, alrededor de once millones de euros al año. Aventuran que a partir de ahora tendrán "que hacer más trabajo con el mismo dinero". "Creemos que la contraprestación que se realiza por este trabajo no se corresponde con la realidad del valor que tiene en el mercado. Acabo de defender a un señor acusado de estafa y al que le pedían cinco años de cárcel. Estamos en procedimientos de desahucios o de pensiones de manutención por paternidad. Son temas que quizá no afecten a la salud o a la vida de una persona pero en la Administración de Justicia se debaten bienes muy importantes para los ciudadanos y la sociedad. Este trabajo se debe pagar en correspondencia a la calidad del servicio, la responsabilidad que implica y las guardias", manifiesta.

Precisamente, el aumento de la demanda de justicia gratuita, unida a la política de recortes presupuestarios, puede estar detrás de las discrepancias que existen entre los colegios de abogados vascos y el Departamento de Justicia, que está elaborando el borrador del nuevo decreto que regula la justicia gratuita. Los letrados consideran que con el nuevo texto Justicia pretende controlar el turno de oficio -que ahora gestionan los colegios profesionales- y, en definitiva, abaratar el servicio.

El incremento de la demandad de abogados de oficio no sólo preocupa a los abogados vascos. Comunidades autónomas como la madrileña, gobernada por el PP, aprovechan la situación de crisis para plantear, incluso, medidas que limiten el acceso a la justicia gratuita. Esperanza Aguirre sostiene que se está generalizando que caraduras con recursos se beneficien de la justicia gratuita.

"Es una insensatez decir que la gente miente para acceder a los abogados de oficio -responde Escapa-. Quien tiene dinero no solicita abogado de oficio porque la tramitación que debe aportar, vida laboral, certificado del Inem, certificado de bienes y de la cuentas bancarias, es altamente disuasoria". Las comisiones que aprueban los expedientes, participadas por el Colegio de Abogados, el de procuradores, la Fiscalía y el Gobierno vasco miran una por una las peticiones y, con la calculadora en mano, deciden si el solicitante tiene derecho al abogado de oficio.

Porque, pese a que la sociedad minusvalora lo que es gratis, el nivel de los profesionales del turno de oficio "es muy bueno", con alta cualificación y formación permanente.

Una fotografía de archivo de la detención de mujer a cargo de una patrulla de la Ertzaintza. Foto: sampedro