La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 6.000 euros a una víctima de violación por un error judicial que provocó que su violador, Tomás P.C., saliera en libertad provisional durante la instrucción del caso. En octubre de 2002, Tomás P.C., amenazó con una navaja a Lucía M. y la llevó a un paraje donde la ató, la agredió sexualmente, la apuñaló en el cuello y la arrojó por un barranco. Tras ser detenido, quedó en libertad en 2004, al cumplirse los dos años sin ser juzgado por un error judicial.
