ALMERÍA. La actuación desarrollada por efectivos de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de Almería, con apoyo de agentes de la Comisaría Provincial, continúa abierta con la práctica de registros domiciliarios por orden judicial que se han llevado a cabo en la jornada de hoy en los inmuebles, que, dotados de un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad, se ubican en zonas como Ciudad Jardín, El Zapillo, el parque Nicolás Salmerón, o las inmediaciones de la Plaza de San Pedro de la ciudad.
Fuentes del caso precisaron a Europa Press que la red, que usaba la marca 'María del Mar y sus gatitas' o 'Las gaticas de María del Mar' para ofrecer sus servicios a través de internet y los anuncios de contactos en soporte papel, no gestionaba locales abiertos al público sino que se organizaba en lo que se conoce como 'meublés' o apartamentos donde las mujeres residían con una 'encargada' para el trato con los clientes.
Entre los arrestados por su presunta implicación en la red, a cuyos integrantes la titular del Juzgado de Instrucción número 4 que instruye las diligencias previas incoadas imputa la comisión de presuntos delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los extranjeros, hay al menos cinco ciudadanos españoles además de procedentes de Lituania, Argentina, República Dominicana, Brasil, Colombia o Venezuela.
Según apuntan los primeros datos de la investigación, durante la que se habría ordenado la práctica de escuchas telefónicas a los principales implicados, la organización tenía una clara estructura jerárquica en forma piramidal y utilizaba para sus actividades 'empresas de paja' con razones sociales dispares pero de apariencia normal como tratamientos estéticos, artes gráficas, agencia de azafatas o sanitarios, balnearios y agua de mar.
Las mujeres, quienes eran introducidas bien clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional, también han sido trasladadas por una presunta infracción a la Ley de Extranjería a las dependencias de la Comisaría Provincial de Almería, donde a primera hora de la tarde de hoy comenzaba la toma de declaración policial con asistencia legal a la veintena de detenidos.
Los ocho inmuebles, para los que la juez dictó auto de entrada y registro y en los que se ha intervenido, entre otros efectos, numerosa documentación, permanecen clausurados --alguno de ellos con un cartel que avisa de que no abrirá sus puertas por "descanso del personal"-- a la espera de que la Policía Nacional solicite la orden para su precinto. Las mismas fuentes precisaron que de las actuaciones que se están practicando, sobre las que se ha decretado el secreto, podría derivarse también un presunto delito de blanqueo de capitales.
