madrid. La nueva Ley de Extranjería está lista para entrar en vigor hoy, tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado que el Parlamento respaldó el pasado 26 de noviembre y entre cuyas novedades se encuentra la ampliación a 60 días del plazo máximo que un inmigrante puede permanecer retenido en un centro antes de ser expulsado y la restricción del derecho de reagrupación familiar para los mayores de 65 años. Esta es la cuarta reforma de la legislación de extranjería en España en menos de una década. Comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de modificación y ordenó su tramitación por vía de urgencia.
A partir de hoy, el Ejecutivo cuenta con seis meses para aprobar el Reglamento que la desarrolle y de forma a las principales novedades, entre las que destaca que si bien se amplía el plazo máximo de retención, se incrementarán las garantías sobre estas instalaciones policiales que dependen del Ministerio del Interior. La nueva ley impone que tras el ingreso en el CIE por orden judicial, otro juez velará por el respeto a los derechos fundamentales de quienes están internados. Además, se permitirá el acceso de las ONG a los centros y su funcionamiento será regulado y definido por un reglamento específico, hasta ahora inexistente.
En cuanto a la reagrupación, a partir de ahora los inmigrantes que hayan renovado su permiso de residencia inicial podrán reagrupar a su cónyuge o pareja y a los hijos menores de 18 años. La principal novedad relativa a los menores es la potestad que reconoce la ley a las comunidades autónomas para transferir la custodia de estos niños a fundaciones privadas, ONG y otros gobiernos regionales, a fin de evitar la masificación en los centros de acogida y problemas administrativos.
La nueva ley blinda las competencias que ya tienen reconocidas regiones como Cataluña o Andalucía en sus estatutos de autonomía. Éstas podrán gestionar los permisos iniciales de trabajo, informar los procedimientos de reagrupación familiar, firmar acuerdos de cooperación con los países de origen de los menores inmigrantes e imponer ciertas sanciones.
El aspecto más polémico para las ONG y asociaciones de inmigrantes es la capacidad que se concede a los gobiernos regionales con competencias para elaborar "un informe sobre la integración social del extranjero" que solicite una regularización por arraigo y que tendrá en cuenta "los esfuerzos de integración" del mismo, conforme el redactado de la ley. Aunque la nueva ley no va a impedir que la policía inicie el expediente de expulsión de una inmigrante en situación irregular que acuda a comisaría a denunciar malos tratos, el procedimiento quedará paralizado en espera de una sentencia sobre su caso. Mientras tanto, podrá acceder a un permiso de residencia y trabajo independientes si cuenta con una orden de protección o un informe del fiscal que acredite "indicios de violencia de género".
