La Diputación no está muy por la labor de dar explicaciones sobre el futuro de la residencia Ariznabarra pese a la insistencia de los grupos de la oposición. La actual adjudicataria parece estar en negociaciones con una nueva empresa privada que estaría interesada en hacerse con la gestión del centro, aunque oficialmente no ha trascendido nada sobre esta cuestión. Mientras, la Diputación, titular del servicio, da la callada por respuesta.
La diputada de Bienestar Social, Covadonga Solaguren, respondió con monosílabos las preguntas del PP en torno a la residencia, y fue un poco más extensa en las explicaciones que ofreció a la juntera de EB, Nerea Gálvez. En cualquier caso, en ninguna de sus intervenciones aportó más información sobre este posible traspaso de Mapfre-Quavitae, que gestiona este servicio, a la nueva compañía.
El objetivo de esta cesión pasaría por desbloquear un conflicto que parece enquistado. Las trabajadores de Ariznabarra llevan ya más de 20 meses en huelga, y esto repercute en gran medida en la calidad de los servicios. De hecho, se acumulan decenas de reclamaciones de usuarios y familiares.
La propia Solaguren admitió ayer que en vista de esta realidad, los usuarios de este servicio pueden reclamar desde el pasado mes de septiembre el traslado a una nueva residencia gestionada por la Diputación. Además, recordó que de las 72 plazas que tiene el centro de día, 35 están vacías, ya que se ha optado por no hacer nuevas incorporaciones. "Ha sido una idea acertada porque así hemos conseguido que aumente el ratio entre personal y paciente", explicó.
Además, la diputada señaló que su departamento ha velado en todo momento por que se garantice la calidad de los usuarios de Ariznabarra. Así, explicó que se han abierto dos expedientes contra la empresa; uno de ellos se ha resuelto en forma de sanción y el segundo se está todavía tramitando.
Sin embargo, Solaguren no quiso entrar a hablar sobre la posibilidad de que otra empresa esté negociando con Mapfre para hacerse cargo del centro. Lo único que desveló es que la actual compañía gestora sí se muestra partidaria de llevar a cabo una cesión. Eso sí, la titular en Bienestar Social respondió con un "no" rotundo a la pregunta de la procuradora popular Ana Morales sobre si la posible venta podría representar un encarecimiento del servicio.
Solaguren fue especialmente dura con el PP, al que se limitó a responder con monosílabos a las preguntas formuladas. Aseguró que todos los problemas surgidos en torno a la residencia de Ariznabarra son consecuencia de "una herencia del PP".
Al parecer, el acuerdo que podría estar negociando Quavitae con esta nueva firma permitiría a la aspirante asegurarse una entrada con paz social a la residencia. Según ha trascendido, la plantilla estaría de acuerdo con los términos de negociación, por lo que el conflicto de la residencia podría llegar a su fin. En cualquier caso, la Diputación insiste en que deberá dar el visto bueno a la operación. "No va a haber acuerdo al margen de la Diputación; nosotros tenemos la última voluntad", añadió Solaguren.
