Vitoria. Las reacciones ante la noticia publicada ayer en exclusiva por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA sobre la sentencia adoptada por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, que rechaza un recurso interpuesto vinculado al polémico caso del golf de Labastida, no se han hecho esperar.

La resolución falla en contra del recurso del anterior alcalde, Ignacio Gil Orive (PP), contra Torrolate, una asociación vecinal que en 2007 decidió alegar ante el Consistorio de Labastida -entonces gobernado por Higinio Arinas (EB)- la nulidad de cinco acuerdos aprobados por el gabinete popular durante los años 2003 y 2004. Estas decisiones ensalzaban la necesidad de crear un green y calificaban como "estratégico" el proyecto ligado al campo de golf. Su adopción tuvo como resultado la cesión de terrenos públicos a la sociedad privada San Ginés de Labastida, promotora del complejo GolfyWine, que contemplaba la construcción de 18 hoyos y cerca de 750 viviendas en una superficie de un millón de metros cuadrados en zonas protegidas medioambientalmente.

Así las cosas, el propio Ignacio Gil Orive expresó ayer su indignación ante la interpretación de que dicha resolución suponga la apertura de una vía para revisar los acuerdos que impulsaron el proyecto de golf. "La noticia está tergiversada. Se llevó al Juzgado algo contencioso-administrativo que no tiene nada que ver con la legalidad del campo de golf", puntualizó.

a la espera Por su parte, la otra parte implicada en el proceso, la Plataforma Torrolate se mostraba satisfecha con el resultado de la resolución. "Exigimos que se dé cumplimiento a la sentencia, se anule el acuerdo del Pleno de 13 de julio, se admita de nuevo a trámite la acción de nulidad de Torrolate y se envíe a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) para que pueda pronunciarse sobre algo tan importante para Labastida", explicó.

El origen de este asunto data de cuando el primer edil Higinio Arinas apoyado por su formación, por los jeltzales -antes de que fueran expulsados del PNV por su apoyo a los populares- y por un concejal independiente admitió a trámite la acción de nulidad de Torrolate. Ésta fue remitida de inmediato a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, órgano asesor al estilo del Consejo de Estado para su estudio y análisis.

Sin embargo, el entonces concejal del Partido Popular en la oposición, Ignacio Gil Orive, interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por considerar que el alcalde no era competente para aceptar la iniciativa de Torrolate y desligitimando a la plataforma en su petición de nulidad.