EL Congreso de los Diputados celebra mañana un Pleno en el que muy probablemente se aprobará la nueva Ley de Extranjería, la cuarta en apenas ocho años. El texto presenta importantes novedades, como la suspensión de los expedientes de expulsión hacia mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género, la contestada ampliación del plazo máximo de estancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros a sesenta días, la restricción al agrupamiento familiar o la potestad de las comunidades autónomas para negociar acuerdos de colaboración con terceros países.

Lo cierto es que las autonomías carecen de competencias en el ámbito de la inmigración, pero no por ello su capacidad de influencia como instituciones queda reducida a cero. Por ello, ayer la Coordinadora de ONG de Apoyo a Inmigrantes, Harresiak Apurtuz, acudió al Parlamento Vasco. Invitada por la jeltzale PNV Nerea Antia, la organización reclamó a los grupos vascos una mayor implicación en la integración de los inmigrantes, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara tiene pendiente la aprobación del III Plan Vasco de Inmigración.

Harresiak Apurtuz valoró ayer positivamente los contenidos del documento anterior, ya a punto de quedar obsoleto, por sus referencias a la igualdad, la participación, las garantías jurídicas o la transversalidad de las políticas sobre inmigración. Sin embargo, había un problema. "Era muy interesante, pero no fue dotado económicamente ni se le proporcionó una comisión interdepartamental con peso real", denunció ayer el portavoz de la ONG", Martín Iriberri. A su juicio, el Plan "no ha despertado el interés del Parlamento ni del Gobierno Vasco".

Iriberri reclamó, por ello, que "la transversalidad sea clave en el próximo Plan, porque si lo ejecuta una Dirección sin capacidad para trabajar con otros departamentos volverá a ocurrir lo mismo".

No es un tema sencillo el de la implicación política seria en la cuestión de la inmigración, sobre todo si se aborda desde el punto de vista del que llega a Euskadi. Por ello, Iriberri emplazó a los grupos a "jugarse su legitimidad social por quienes ahora son los últimos. La inmigración -prosiguió- debe ser un tema político con mayúsculas en esta Cámara, como si cada uno de ellos pudiera votaros, porque en un día no muy lejano será así".

Por el momento, Harresiak ya se ha puesto en contacto con el nuevo Gobierno Vasco para hacerle llegar sus planteamientos, y de hecho ayer mismo se mantuvo una reunión con la Dirección de Inmigración.

En cuanto a la futura Ley de Extranjería, la ONG denunció que pretende crear "dos velocidades, se coartan algunos derechos a quienes llevan menos de cinco años aunque se consoliden los de quienes llegaron hace más tiempo", según la compareciente Susana Cuesta. La clave, según Harresiak Apurtuz, es que la nueva ley "trate a los inmigrantes como sujeto de derechos y no de privilegios que se pueden retirar en una situación de crisis".

No es la primera vez que la organización sondea a los grupos políticos para reclamar su esfuerzo en la integración de los extranjeros que vienen a vivir a Euskadi. En el marco de su campaña Aquí no sobra nadie, Harresiak Apurtuz inició una ronda de contactos a la que respondieron todos los grupos con presencia en la Cámara salvo el PP, a quien se dirigieron en dos ocasiones sin éxito.

Ayer los populares recordaron que "cada partido ha dejado clara su posición" con respecto a la cuestión migratoria, en palabras de Laura Garrido, quien sin embargo agradeció que Harresiak Apurtuz expresara sus propuestas en el Parlamento. Por parte del PSE, Cristina Laborda afirmó compartir "algunos de los fundamentos éticos" planteados por la ONG, aunque no quiso entrar en la cuestión de la reforma de la Ley de Extranjería. La parlamentaria socialista recordó además que el Gobierno llevará al Parlamento la Ley de Acogida e Integración de Personas Inmigrantes y para la Convivencia Intercultural en el segundo semestre de 2011, momento en el que se podrá "debatir de forma conjunta sobre todos estos temas".

Nerea Antia, por su parte, mostró el apoyo de su grupo a una organización que en sus doce años de existencia ha vivido la explosión del fenómeno migratorio en Euskadi, ahora estabilizado a causa de la crisis económica.

Una de las reclamaciones de Harresiak Apurtuz es que las políticas hacia los inmigrantes tiendan a tratarlos en igualdad con respecto al resto de ciudadanos. Por ello, y aunque valoraron de forma muy positiva el trabajo que llevan a cabo organismos como Heldu, Biltzen o Ikuspegi, pidieron "la plena participación de los inmigrados en todas las políticas del Gobierno Vasco, en lugar de contar con servicios sociales adaptados". En ese sentido, Susana Cuesta negó que "la avalancha de inmigrados colapse el sistema social, lo que ocurre es que son sistemas realmente débiles con o sin estas personas".