vitoria. Hasta la fecha, la violencia de género se restringe a efectos legales al maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, una limitación que deja fuera del acceso a asistencia, ayudas económicas y protección a las víctimas de explotación y agresiones sexuales o de violencia intrafamiliar. Para revertir esta situación, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, un órgano nacido con la nueva legislatura, ha propuesto al Gobierno Vasco la elaboración de una norma específica que supere las limitaciones que impone la Ley de Igualdad.
El Ejecutivo prevé enviar el proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género al Parlamento Vasco en el primer trimestre de 2012, según explicó la máxima responsable de la Dirección, Mariola Serrano, quien anunció además la creación de un grupo de trabajo para detectar las carencias asistenciales que sufren las víctimas de explotación sexual.
La Ley de Igualdad actual sólo contempla la asistencia a quienes padecen la violencia por parte de sus cónyuges y, en el mejor de los casos, concede ayudas extraordinarias a quienes han sufrido una agresión sexual, un campo excesivamente reducido habida cuenta de que la violencia de género es toda aquella que se padece "sólo por el hecho de ser mujer en el marco de unas relaciones de poder desiguales", señaló Serrano.
El juicio al autor de la muerte de la joven guipuzcoana Nagore Lafagge supone el mejor y más cercano ejemplo de las limitaciones de la actual legislación sobre este tema. El crimen no se consideró un caso de violencia de género, al menos desde el punto de vista estrictamente legal, porque Nagore no era pareja de su agresor.
No sólo se trata del caso de los sanfermines de 2008. La estadística corrobora que el problema trasciende a lo que habitualmente se ha denominado violencia doméstica. Este año se han registrado en Euskadi 2.932 casos de violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas y ex parejas, pero además otras 888 fueron agredidas en el ámbito intrafamiliar, y 258 fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual.
