VITORIA. El número de personas demandantes de vivienda protegida inscritas en las listas de Etxebide supera, en la actualidad, las 93.000 personas y, en base a la información sobre necesidades y demanda de vivienda del año 2008, se precisan del orden de 75.000 viviendas para cubrir las necesidades actuales de acceso, además de que casi 41.000 personas requieren de un cambio de piso y alrededor de 129.000 viviendas necesitan ser rehabilitadas, según los datos ofrecidos ayer por el consejero de Vivienda.
Iñaki Arriola presidió ayer en el Palacio Euskalduna la jornada que da inicio al proceso para alcanzar un Pacto Social por la Vivienda, cuyo objetivo es conseguir un consenso entre todos los agentes públicos, sociales y privados implicados en esta materia, que permita orientar las líneas estratégicas y ámbitos de actuación de las políticas activas a desarrollar en los próximos años en Euskadi.
En la jornada participaron las administraciones responsables y los agentes sociales y privados implicados, que realizaron sus aportaciones a través de un diálogo participativo, dinamizado con la metodología world café por Innobasque, la agencia vasca de la innovación.
En su intervención, Arriola indicó que para dar cobertura al enorme esfuerzo social preciso para acometer la tarea pendiente en materia de vivienda es necesario empezar a situar los problemas reales de la sociedad en el foco de visión, siendo la vivienda uno de los principales retos a resolver. En ese sentido, propuso un gran pacto político y social a diez años en materia de vivienda. La pretensión es lograr la acción coordinada sobre la base de un consenso, de forma que se muevan todas las administraciones y agentes sociales y privados que son necesarios para satisfacer las necesidades de vivienda.
Ejes de actuación
Arriola también apuntó que el principio de la sostenibilidad, en todas sus acepciones: planificación urbana, protección medioambiental, ahorro energético... estaría necesariamente presente en los compromisos adquiridos, junto con la necesidad de un desarrollo equilibrado del territorio. Además, destacó que el Pacto Social recogería las opiniones y propuestas realizadas por la ciudadanía.
En los últimos cinco meses, la consejería ha trabajado en el desarrollo de una propuesta de vivienda y suelo, basada en seis ejes estratégicos de intervención: mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes, las condiciones del parque de vivienda, el alojamiento de las personas mayores y con diversidad funcional, prevenir la exclusión social residencial, garantizar un alojamiento digno, y dar impulso al papel de los ayuntamientos.
Para mejorar el acceso a un piso de los jóvenes, por ejemplo, se plantea construir 80.000 pisos con protección pública y configurar un parque público permanente de vivienda en alquiler de 35.000 viviendas en diez años, así como promover el acceso a una VPO en propiedad a 45.000 familias.
