Roma. El ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, aseguró ayer que España "como país" no ha pagado por el rescate del Alakrana. "Y es lo que puedo, sin duda, afirmar y me consta", dijo. El socialista eludió aclarar este asunto, generando más dudas al respecto, y zanjó el tema aludiendo a "que se hayan encontrado soluciones en el ámbito internacional para una situación compleja, difícil, creo que eso lo comprendemos todos, y también lo pueden comprender quienes tienen que interpretar la ley y el derecho en cada momento".
El político español se refería con ese enredo de palabras a un hecho sustancial para la liberación de los tripulantes: el traslado de los dos presuntos piratas a Somalia para que cumplan allí su condena. Y es que ayer el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó entrever la posibilidad de que España firme un acuerdo con Somalia para que los dos presuntos piratas cumplan la pena a la que sean condenados en su país. "No se descarta nada dentro de la legalidad que pueda redundar en la seguridad de nuestros pescadores", dijo.
Con respecto a la investigación de la Justicia española sobre el asunto, Caamaño apuntó que el Gabinete de Zapatero ha actuado "con la ley en la mano" y que, si se trabaja de este modo, le parece "perfecto" que la Fiscalía investigue "si ha habido incumplimientos de la ley y se ha vulnerado la legalidad".
El político español se refirió a las críticas recibidas sobre la actuación del Ejecutivo y aseguró que "es la tarea de la oposición criticar al Gobierno". Sin embargo, las recriminaciones continuaron ayer, ésta vez procedentes de la Asociación Unificada de Militares Españoles, cuyos portavoces responsabilizaron a los políticos -"fueron quienes dieron las órdenes", dijeron- de la operación puesta en marcha tras la liberación del buque. También ayer, el rodillo del PSOE en el Congreso, apoyado por ERC e IU, rechazó de nuevo embarcar infantes y, evitó desaprobar la gestión del secuestro por parte del Gobierno español.
