Ultimada la ley que controla más las colonias para evitar casos como el de Bernedo

La reforma legislativa que refuerza los controles administrativos de los campamentos e incluye más medidas de protección a los menores y jóvenes que disfrutan de estos espacios de ocio, principalmente en verano, ha sido cerrada por el Parlamento Vasco y será aprobada definitivamente el próximo mes con el objetivo de que no se vuelvan a producir casos como los de las colonias de Bernedo.

La iniciativa fue promovida después de las denuncias que varias familias presentaron en los juzgados por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en los campamentos de Bernedo. Según algunas de las familias, ente otras prácticas se obligaba a los chicos y chicas a compartir las duchas con los monitores sin tener en cuenta el sexo.

Este miércoles se ha reunido la comisión parlamentaria para votar los distintos artículos de la proposición de ley que PNV y PSE han impulsado para modificar la Ley vasca de Juventud de 2022. Durante el recorrido de esta propuesta en la Cámara, que se ha tramitado por la vía de urgencia, lo que reduce los plazos a prácticamente la mitad de lo habitual, se han incorporado varias mejoras al texto original, la mayoría a través de la incorporación de enmiendas del PP.

El dictamen de la ley se ha votado por puntos. PNV y PSE han respaldado todos los artículos. EH Bildu ha votado a favor o se ha abstenido, aunque se ha posicionado en contra de las enmiendas del PP que no se han admitido. Por su parte el PP ha votado a favor de algunos de los artículos, en contra de otros y en el resto se han abstenido. Los representantes de Sumar y de Vox no han asistido a la comisión.

Declaración responsable

EH Bildu ha optado por asumir varios de los artículos de la reforma a pesar de que no ha sido aceptada ninguna de sus enmiendas. La parlamentaria Edurne Benito del Valle ha reprochado que la ley se haya tramitado por la vía de urgencia, "con prisas" y con "errores jurídicos", todo ello con la intención de "vender una imagen" de mayor control de los campamentos ante la opinión pública.

El PP ha valorado que se hayan incorporado algunas de sus enmiendas, entre ellas la equiparación de algunas sanciones previstas por infracciones a la Ley de Infancia y Adolescencia, que son más elevadas, aunque la parlamentaria Laura Garrido ha criticado que el texto tiene "poco rigor" con medidas que ya están contempladas en otras legislaciones y ha opinado que la iniciativa solo tiene el propósito de "lavar la cara" del Gobierno Vasco ante los "graves hechos de Bernedo".

Al texto original, además de las dos enmiendas del PP, se ha añadido también la que habían presentado PNV y PSE a su propio texto tras una recomendación del Ararteko y que tipifica como infracciones muy graves aquellas actuaciones que "por acción u omisión promuevan actitudes y conductas discriminatorias limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia".

Tanto Ander Añibarro (PNV) como Itxaso Asensio (PSE-EE) han destacado que la ley mejora los mecanismos de control de estas instalaciones y aumenta la protección de los menores. En principio, según los plazos barajados por algunos de los partidos, la ley se aprobará en junio por el pleno de la Cámara, probablemente el día 11.

La proposición de ley, que consta de cinco artículos y una disposición final, sustituye la comunicación previa para la celebración de estas actividades por una declaración responsable al inicio de las mismas en las que participen menores de edad.

De esta forma se pretende garantizar que la persona que organiza la actividad asuma la plena responsabilidad legal sobre el cumplimiento de los requisitos y normas aplicables a esa actividad. Establece que el personal que trate con menores tenga el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

También se ultima un decreto

Asimismo se pretende que el reconocimiento oficial de los servicios y equipamientos infantiles y juveniles, tanto de titularidad pública como privada, se realice mediante una resolución administrativa del órgano competente previa solicitud y acreditación de los requisitos que se establezcan.

La propuesta de reforma revisa y clarifica el régimen de infracciones y sanciones para incrementar el grado de responsabilidad de las personas que llevan a cabo actividades con menores.

Además de las infracciones muy graves, se tipifican como graves carecer de seguro de responsabilidad civil y del certificado negativo de delitos sexuales, así como no disponer de las medidas de seguridad necesarias en las instalaciones y equipamientos para llevar a cabo las actividades.

Al margen de esta reforma legislativa, el Gobierno Vasco ha elaborado un decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre, que aún no se ha aprobado, en el que, entre otros puntos, establece que las entidades que organicen los campamentos deben nombrar a una persona delegada de protección de la infancia y la adolescencia con formación para desempeñar esta labor. También tendrán la responsabilidad de comunicar cualquier situación de violencia o sospecha que exista, "según la normativa vigente", así como proteger los datos sensibles de menores.