- La justicia restaurativa, que tiene como fin reparar las consecuencias del delito mediante la participación directa de las víctimas y los victimarios, tiene un largo recorrido a sus espaldas pero el mismo está claramente limitado: se circunscribe en términos generales a los delitos leves y a la fase penal, no a la penitenciaria; su aplicación no está estandarizada y la misma responde a iniciativas particulares, no a una estrategia común.
El Gobierno Vasco, que asumió la competencia de las tres prisiones de la CAV -una por cada territorio- el 1 de octubre del año pasado, tenía claro desde el principio que quería integrar la justicia restaurativa como una de las líneas maestras de su política penitenciaria. Pero para ello debía definir y sistematizar su uso, en contacto directo con todos los agentes implicados. Ayer, cuando se cumplían seis meses desde el traspaso efectivo de la gestión de las cárceles, el Ejecutivo presentó su hoja de ruta sobre la justicia restaurativa, proceso que puede culminar con un encuentro entre la víctima y el autor del delito, pero no necesariamente. Lo que sí es invariable es el reconocimiento del daño causado por parte del victimario.
Fue la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, acompañada por el director de Justicia, Eugenio Artetxe, y por el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia, la que puso sobre la mesa el documento Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi. 2022-2025, de 50 páginas. Se trata de una propuesta que explica el concepto, pormenoriza sus antecedentes y expone los objetivos de este plan. El mismo se contrastará a lo largo de este mes de abril con los operadores del sistema penal y penitenciario. Fruto de sus aportaciones se redactará un texto definitivo que se presentará en un workshop internacional sobre justicia restaurativa, enfocado en los delitos graves y el ámbito penitenciario, y cuya celebración será los días 5 y 6 de mayo en Bizkaia Aretoa.
La justicia restaurativa será “una de las claves de nuestro sistema de ejecución de penas”, dijo Artolazabal en la rueda de prensa en la sede del Gobierno Vasco en Gasteiz. En cuanto al trabajo sobre el terreno, el magistrado Jaime Tapia ofreció más pistas y desveló que en los últimos tres meses ya se han mantenido reuniones con posibles personas que pueden llevar a cabo estos procesos. Como consecuencia, a finales de junio o principios de julio podrán empezar a realizarse “ciertas actuaciones” o programas restaurativos en las cárceles vascas.
Antes, Artolazabal delimitó el ámbito de actuación de la justicia restaurativa, que está avalada por el Consejo de Europa. Afirmó que abarca todo proceso que permite a las víctimas y a las personas responsables del daño “participar activamente en la resolución de las consecuencias del delito”. Lo hacen además “con la ayuda de una tercera persona independiente y cualificada”, el facilitador, lo que “beneficia a las dos partes y a la comunidad en su conjunto porque recupera al victimario”. “Todos saldremos ganando, las víctimas, los victimarios y la sociedad en general”, zanjó.
El director de Justicia, Eugenio Artetxe, explicó que hay experiencias previas, sobre todo en el ámbito de la justicia juvenil, donde “el 30% de los asuntos se resuelven por vía de acuerdos de reparación”. También hay un “servicio de justicia restaurativa por derivación judicial”, hay experiencias penitenciarias y esta perspectiva se aplica a su vez a los servicios de atención a las víctimas y de gestión de penas.
Sin embargo, añadió que a la hora de abordar esta cuestión “observamos algunas debilidades y oportunidades”. Por ejemplo, “faltan estándares claros, falta formación en los operadores jurídicos, no se deriva en los delitos graves y estos programas no están consolidados en el ámbito penitenciario”.
Ello abre la puerta a que el Gobierno vasco refine la fórmula de cara a implementar la justicia restauradora no solo en “la fase procesal, también en el ámbito penitenciario”. Tapia aseguró que una de las diferencias con el Estado será situar a las víctimas en el centro. “Normalmente, en el ámbito penitenciario se ha empezado por los victimarios. Queremos que sea un servicio abierto a las víctimas, que podrán manifestar de forma simultánea su voluntad de participar”, aseveró.
Artolazabal dijo que Lakua no va a aplicar una política penitenciaria de “excepción” en esta materia, por lo que estos recursos “se ofrecerán a todos los presos con independencia del delito cometido”. De este modo, no se limitará a los presos de ETA, que además son una minoría dentro del colectivo de reclusos en la CAV. La consejera calificó además de fundamental la “discreción”, ya que “ponerse frente a ese espejo y reconocer el daño que se ha cometido también es un proceso complejo para el victimario”.
Durante la rueda de prensa, Jaime Tapia aseguró que la justicia restaurativa debe empezar con sesiones informativas y talleres en los centros penitenciarios para explicar en qué consiste. Después se abriría a otras posibilidades como los encuentros entre víctimas y victimarios, aunque esa no es una condición necesaria para que llegue a buen puerto.
Entre 2014 y 2018 se han desarrollado 1.812 procesos restaurativos, mientras el Servicio de Justicia Restaurativa (SRJ) tramitó 1.260 expedientes en 2019. A ello se suman las experiencias restaurativas realizadas por la Asociación Educativa Berriztu en la antigua prisión de Nanclares entre 2012 y 2019, en las que participaron 79 personas.
El Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) atendió en 2020 a 2.772 personas (2.639 víctimas directas y el resto indirectas). A ello se suma la atención a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia por motivación política, ambas en la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, y enmarcadas en el Plan Udaberri 2024.
La Estrategia de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco se basa en tres ejes: facilitar el acceso al proceso con independencia del tipo de delito cometido o de la gravedad del mismo; desarrollar unos estándares mínimos de calidad; e impulsar su conocimiento entre la ciudadanía.
“Ponerse frente al espejo y reconocer ese daño que se ha cometido también es complejo”
Consejera de Igualdad y Justicia
“Sitúa el foco en la reparación de las consecuencias del delito más que en el castigo”
Director de Justicia
“Normalmente siempre se ha empezado por los victimarios y queremos abrirnos a las víctimas”
Asesor en materia penitenciaria
