En la ya lejana primavera de 1993, un anónimo lector aragonés de Diario 16 se cruzó en el delictivo camino de Luis Roldán Ibáñez, fallecido la pasada madrugada a los 78 años de edad, al sugerir al periodista José María Irujo que debía investigar al que desde el 31 de octubre de 1986 oficiaba como director general de la Guardia Civil tras haber hecho méritos como delegado del Gobierno en Navarra desde el 29 de diciembre de 1982. Al decir de la calle, Roldán amasaba por aquel entonces 400 kilos de las antiguas pesetas. Cinco años después, la Audiencia de Madrid cuadruplicó el enriquecimiento ilícito del reo, elevándolo a 1.700 millones. Roldán saldaba su deuda con la Justicia en marzo de 2010.
Y recuperaba todos sus derechos de ciudadanía sin haber devuelto dos propiedades inmobiliarias en París (un piso de 255 metros cuadrados junto a la Torre Eiffel) y en la isla de San Bartolomé (una villa en esa roca de 25 kilómetros de las Antillas francesas), valoradas en 3,7 millones de euros. Tampoco reintegró al menos otros 10 millones que saqueó sirviéndose de su condición de servidor público.
Ese nulo propósito de la enmienda, que se traduce en que la Justicia sólo ha podido recaudar 1,65 millones de euros de tamaño pillaje mediante el embargo de algunas cuentas corrientes y la subasta de seis pisos, se ha visto generosamente correspondido con la redención de penas contemplada en el Código Penal de 1973 -y que Roldán rentabilizó entre 1995 y 2000 por estudios y buen comportamiento- y con el disfrute desde 2005 del segundo grado penitenciario -lo que le ha permitido mantener habitado el antiguo domicilio de sus padres en Zaragoza, donde se jubiló como vendedor de seguros, y pernoctar en el Centro de Inserción Social dependiente de la cárcel de Zuera-. En síntesis: de los más de treinta años de condena, escasos diez de privación absoluta de libertad -sobrellevados en un pabellón privado de la prisión de mujeres de Brieva (Ávila)- y eximido de toda carga penitenciaria a los quince años más 18 días.
En la calle esperaban a Roldán todos los que compartieron con él comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública, la extensa nómina de quienes se beneficiaron de sus enseñanzas para la malversación de fondos públicos, el cohecho, el fraude fiscal y la estafa. Aunque, dicho así, sería conferirle una capacidad que únicamente adquirió a fuerza de perseverar en la añagaza. Porque las andanzas de Roldán no pueden entenderse sin su testaferro, Jorge Esparza. El cerebro de lo que también se denominó la trama navarra del caso Roldán y por el que fueron condenados, además de ambos dos, los también socialistas Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, junto con sus esposas, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo.
LA RED FORAL
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, evacuada el 7 de septiembre de 1998, incluyó entre los hechos probados que, tres años antes, Roldán presentó a Esparza a sus amigos navarros, "iniciándose una relación entre todos ellos", y que el testaferro explicó a Urralburu y Aragón "la posibilidad de cobrar cantidades por adjudicaciones irregulares de obras públicas", poniéndose a su disposición para "recibir y gestionar el dinero así obtenido" mediante la adquisición de inmuebles y activos financieros opacos a través de sociedades mercantiles interpuestas.
De acuerdo con el fallo, Urralburu, Aragón, Roldán y Esparza llegaron al acuerdo de "repartirse" el dinero que consiguieran de las empresas constructoras, encargándose este último "de la contabilidad de los ingresos obtenidos", así como "del cobro y distribución entre ellos". Para que el tribunal llegara a tal nivel de certeza fue determinante el hallazgo, en una caja de seguridad de un banco suizo, de unas fichas de Esparza a modo de contabilidad sencilla en la que se relacionaban comisiones con las denominaciones de las obras por cuya adjudicación se cobraba y que incluían las iniciales G.U., A.A. y L.R.
La relación entre Esparza y Roldán databa de finales de los años 70, cuando el segundo era concejal de Zaragoza y el primero, director comercial de Hasa y luego de Huarte. En noviembre de 1993, cuando Diario 16 informa de que el director general de la Guardia Civil acumulaba propiedades por un valor en el mercado cercano a los 400 millones de pesetas, Esparza ya figuraba como administrador único de la sociedad Europe Capital, la tapadera de Roldán.
También aparecía como propietario de la sociedad AEM Inversiones, que en sólo tres años (de 1990 a 1993) había aumentado su capital social de 200.000 pesetas a 130 millones. La Audiencia de Madrid condenó a Esparza a nueve años de prisión por malversación y por un delito continuado de cohecho. Durante la etapa de Roldán al frente del Instituto Armado, la constructora Huarte obtuvo 17.000 millones de pesetas en obras de la Guardia Civil. Esparza fue quien introdujo en Huarte a los propietarios de tres sociedades fantasma que facturaron a la empresa 2.565 millones mediante facturas falsas al objeto de camuflar el pago de comisiones ilegales.
El juicio contra la trama navarra reportó a Esparza cuatro años de cárcel, por tres a Roldán, en ambos casos con una multa igualmente por cohecho continuado de 500 millones de pesetas más una inhabilitación de ocho años. A Balda y Romeo, en su condición no de cooperadoras necesarias sino en el grado menor de encubridoras, se les recetaron tres años de prisión.
LAS REBAJAS DEL SUPREMO
Urralburu recibió el mayor castigo, con once años de cárcel, 780 millones de multa y nueve años de inhabilitación, si bien el Tribunal Supremo redujo su condena a cuatro años de reclusión al considerar incompatibles los delitos de cohecho y fraude fiscal. El Alto Tribunal también rebajó la pena de Antonio Aragón de los siete años y dos meses de prisión iniciales -junto a nueve años de inhabilitación y 690 millones de multa- a los tres años y ocho meses, atendiendo su alegato de arrepentimiento aunque lo formulara ya en el transcurso del juicio oral de Pamplona (en consecuencia, la Audiencia Provincial lo había rechazado por "extemporáneo").
Para cuando las defensas del ex presidente foral y de su ex consejero de Obras Públicas defendieron los recursos de casación ante el Tribunal Supremo, en enero de 2001 -a los dos años y cuatro meses de la sentencia impugnada-, los dos disfrutaban de la libertad provisional, como sus esposas. Ninguno de los cuatro asistió a la vista.
El dictamen primigenio, el de la Audiencia Provincial de Navarra de septiembre de 1998, dio por sentado que fueron ocho las empresas constructoras que abonaron a la red comisiones ilegales: Huarte y su filial Hasa (Hispano Alemana SA), Cubiertas y Mzov, Agromán, Obrascón, Aldesa, Lain y Fomento de Obras y Construcciones (Focsa).
A continuación, se refieren las infraestructuras concretas por las que desembolsaron las mordidas, habitualmente sobre el 5% del precio de adjudicación: variante de Noáin, área de peaje de Oriz, embalse de El Ferial y tercera fase de la variante este (Huarte); ronda oeste (unión temporal de empresas conformada por Hasa, Agromán y Cubiertas y Mzov), tramo ventas de Mugiro-túnel de Azpirotz (entre Obrascón y Lain), mejora de la carretera Pamplona-Aoiz y acondicionamiento de la vía Larraga oeste-cruce de Artajona (Aldesa), y variante de Bera (Focsa).
Los peritos acreditaron fehacientemente que las constructoras comisionistas pagaron al menos 762 millones de pesetas, de los que se detectaron 475, es decir, como mínimo 295 no pudieron rastrearse. De los 475 millones localizados, 285 se materializaron en cheques bancarios y 190 en pagos en efectivo.
La pericia también demostró unos incrementos irregulares de patrimonio entre 1988 y 1993 sólo de Urralburu y Aragón de 288,3 millones de pesetas de la época, casi 169 el primero, por 119,4 el segundo. En el mismo periodo, el ex presidente defraudó a la Hacienda Foral 100,7 millones de pesetas, mientras que el ex consejero no declaró 74,29 millones.
