- La ponencia que tiene que reformar la ley mordaza retomó ayer sus trabajos en el Congreso de los Diputados. Lo hizo de manera fugaz porque no volverá a reunirse hasta el 15 de febrero una vez pasadas las elecciones en Castilla y León pero, al menos, comenzó a armar los primeros acuerdos, desde el artículo número uno hasta el 19, y con participación de los jeltzales. Eso sí, no son los artículos más polémicos y la carga de profundidad llegará más adelante.
El PNV acudía con ciertas reservas. Es el grupo proponente, que registró la proposición de ley y vio hace unas semanas cómo el PSOE y Unidas Podemos anunciaban por sorpresa un acuerdo entre ellos. Pero ayer realizó una valoración prudente y no negativa. En concreto, fuentes jeltzales consultadas por este periódico constataron que, “carácter general, se han ido enhebrando acuerdos, utilizando como hilo conductor los alcanzados en la XII legislatura, con modulaciones a la luz de las transacciones entre distintas enmiendas presentadas y el texto de la proposición de ley del Grupo Vasco”, dijeron. También hubo acuerdos del Gobierno español con ERC y EH Bildu para limitar a dos horas las identificaciones en comisaría.
Los jeltzales, que tienen como portavoz en esta ponencia a Mikel Legarda, añadieron que se han alcanzado acuerdos sobre otros artículos que no habían sido tratados en la XII legislatura, y que en algunos casos se ha diferido la discusión a próximas reuniones, aunque no quisieron entrar en detalles. Este grupo no quiso hacer sangre con el aplazamiento de la ponencia hasta después de las elecciones, porque se da la circunstancia de que algunos miembros del foro tienen que participar en actos de la campaña en Castilla y León. Es decir, se trata de un aplazamiento por cuestiones operativas, y no ideológicas. El PNV lo vio “razonable”.
Los artículos abordados se refieren al documento de identidad y el pasaporte (se apalabró que sea un derecho por ley obtenerlos en lenguas cooficiales, algo que barajaban el año pasado PSOE y Podemos como guiño), y a las identificaciones en vía pública. PSOE y Unidas Podemos hicieron público el año pasado un acuerdo entre ambos para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP de Mariano Rajoy. El PNV recordó que sus votos no bastan.
Tras haber prorrogado sucesivamente los socialistas el plazo de enmiendas de la propuesta del PNV (con la complicidad de un PP que no quiere tocar su ley), PSOE y Unidas Podemos pactaron aparcar el debate sobre las devoluciones en caliente de los migrantes, que se abordará en la Ley de Extranjería; y no perseguir las manifestaciones, aunque se celebren sin comunicación previa, si tienen un desarrollo pacífico. Podemos planteó que salvo en “causa excepcional debidamente alegada y verificable”, la identificación en dependencias policiales sea un procedimiento en desuso y por poco tiempo. Ayer se habló de los primeros 19 artículos, un cuarto de la ley, según las fuentes consultadas. Queda mucho por delante, y los artículos pendientes son los más controvertidos, de ahí la prudencia. El PNV, en su propuesta, planteó modificar 44.
Las fuentes de EH Bildu consultadas por este periódico ponen el foco en su rechazo a los delitos de desobediencia o la intención de que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad. Cree que el acuerdo hecho público para derogar la ley entre Unidas Podemos y PSOE es “claramente insuficiente”. Cuestionan muy en concreto los artículos 36.6 y 37.4 porque supondría mantener las infracciones de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y de faltas de respeto. “Han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de personas”, aseguran. Abogan por limitar la ?intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y el uso de material peligroso.
El PNV plantea suprimir como infracción grave el uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mayor proporcionalidad en las sanciones o, por ejemplo, que no sea una infracción grave la concentración ante el Congreso y Senado.
15 de febrero
La ponencia para reformar la ley mordaza no volverá a reunirse hasta el 15 de febrero, una vez celebradas las elecciones en Castilla y León.
Acuerdos
Los grupos abordaron la primera parte de la ley, del artículo 1 al 19, que abarca el documento de identidad y el pasaporte, y las identificaciones en plena calle. Se apalabró que la obtención de los documentos de identidad en lenguas cooficiales sea un derecho por ley (esta noticia ya trascendió en noviembre del año pasado tras el acuerdo PSOE-Podemos), y que las identificaciones en comisaría se limiten a dos horas.
Socios
El PNV es el grupo proponente y ayer constató que se han ido “enhebrando acuerdos” con el hilo conductor de los acuerdos de la XII legislatura, las enmiendas presentadas y el texto de los jeltzales. La mayor parte de los artículos tuvieron el voto de PNV, ERC o EH Bildu (los dos primeros son socios de investidura de Sánchez, y Bildu es un apoyo habitual).
