- El vacío que sintieron el pasado martes los cuatro aspirantes a renovar el Tribunal Constitucional y los seis que están llamados a ocupar asientos del Tribunal de Cuentas, durante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso en la que todos ellos defendieron la idoneidad de sus candidaturas, está llamado a repetirse este jueves con motivo de la votación definitiva. El hartazgo de los grupos de la oposición con el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales -aquí también se incluyen la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, a la espera de lograr un pacto sobre el CGPJ-, con la permisividad de Unidas Podemos, se visualizará de nuevo con la ausencia del PNV en dicha sesión definitiva.
“Ellos sabrán, nosotros no vamos a participar”, confirmó ayer Aitor Esteban en una entrevista en Euskadi Irratia. Extremadamente crítico con este cambio de cromos, por el que los dos partidos se han repartido los aspirantes a ocupar estos órganos, Esteban resumió que el Grupo Vasco observa “con mucha distancia” la renovación de los órganos constitucionales pactada por socialistas y populares. Consideró que el PSOE “ha hecho un mal negocio”, sobre todo en lo que se refiere al Tribunal Constitucional. Esteban recordó que a pesar de discursos críticos como el proferido por Odón Elorza la semana pasada, cuando cuestionó la imparcialidad del magistrado Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, “el PSOE votó a favor” de su nombramiento.
Preguntado precisamente por Arnaldo, que tiene una estrecha relación con FAES, fue imputado en el caso Palma Arena y apareció en unas grabaciones del caso Lezo, el diputado jeltzale criticó que, “aunque dijeron que iban a hacer lo contrario, han nombrado cada uno a los que querían, aunque había muchas objeciones por las cosas hechas por esa persona, por sus opiniones o por su posición”. La otra candidata propuesta para el alto Tribunal por el partido de Pablo Casado, Consuelo Espejel, tampoco ha estado exenta de polémica: fue apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP y la ex secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, se refirió a ella como “querida Concha” durante un acto en 2014.
La ausencia del PNV en la votación de este jueves tendrá sin duda su reflejo en otros partidos, al igual que sucedió en la comisión del Congreso del martes de la semana pasada. Entonces tampoco participaron EH Bildu, ERC, la CUP y Compromís, mientras que C’s y Vox realizaron sendas intervenciones cortas de cariz crítico y abandonaron a continuación el lugar.
El propio portavoz adjunto de C’s en el Congreso, Edmundo Bal, ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios, excepto a Bildu, pidiéndoles que no avalen este jueves con sus votos en el Pleno el “apaño político” alcanzado por el Gobierno y el PP. En el escrito, Bal justifica el envío de esta misiva en el “deber” de velar por “el buen nombre” del Congreso.
Denuncia que socialistas y populares no solo han actuado “de espaldas” al Parlamento, sino que además han primado el criterio de “afinidad política” por encima de los de mérito y capacidad. “Una vulneración flagrante del espíritu constitucional y legislativo, que se ha puesto todavía más de manifiesto con las recientes informaciones aparecidas sobre uno de los candidatos en cuestión”, dice, en alusión velada al candidato del PP al TC, Enrique Arnaldo.
Así las cosas, Bal llama a los portavoces de los grupos del Congreso, incluidos los de PP, PSOE y Unidas Podemos, a no prestarse a avalar este acuerdo “apañado sin transparencia”. Todo ello “en aras de preservar el prestigio institucional del Parlamento que el pacto entre el Gobierno y el PP ha pisoteado”, zanja.
Arnaldo
Desde que el nombre de Enrique Arnaldo saltó a la palestra como candidato al Tribunal Constitucional con el anuncio del acuerdo PSOE-PP para renovar los órganos constitucionales, no han parado de crecerle los enanos. Ayer fue El País el que añadió un debe más en su historial al desvelar que, durante años, compatibilizó su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones en el Congreso con su labor de asesor desde su despacho privado para el Gobierno balear que presidía Jaume Matas. Se trata de una incompatibilidad manifiesta según el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. El punto 62.K precisa que esas tareas de coordinación no serán compatibles con “la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones”.
Votación
Los aspirantes a los órganos constitucionales deberán superar el jueves en el Pleno del Congreso los 210 votos, y la suma de PSOE, PP y Unidas Podemos alcanza los 243 escaños. La votación será individual, telemática y secreta.
