Euskadi usará únicamente rastreadores propios

Desde el Gobierno Vasco aseguran que en Euskadi "la capacidad propia es adecuada" en este momento y recuerdan que en los últimos meses se ha ido ampliando el número de rastreadores en función de las necesidades que se han dado desde que estalló la pandemia del coronavirus. Así, la CAV ha pasado de tener inicialmente 35 efectivos en labores de rastreo a disponer en la actualidad de más de tres centenares. Este grupo de trabajadores está compuesto en su mayoría por personal del ámbito sanitario -enfermeras especialistas, enfermeras generalistas y fisioterapeutas-, pero también efectúan en él sus labores profesionales de otros campos como auxiliares administrativos o trabajadores sociales.

Según señalan desde Lakua, en los próximos meses la cifra de rastreadores podría aumentar si es necesario o si la pandemia del covid-19 va a más. Eso sí, en caso de una ampliación de personal en estos equipos de rastreo, el Ejecutivo autonómico optará por la contratación de efectivos propios y en ningún caso se plantea aceptar la ayuda del Ministerio de Defensa, que ha ofrecido a las comunidades un equipo de 2.000 militares para labores de seguimiento del coronavirus. "Agradecemos el gesto, pero en estos momentos en Euskadi la capacidad propia que tenemos es adecuada", trasladan desde el Gobierno Vasco. En términos parecidos se expresó el pasado miércoles la consejera de Salud Nekane Murga, que rechazó también la presencia de los militares para efectuar estos trabajos al no creerlo necesario.

Los rastreadores militares, a petición de los gobiernos autonómicos, se incorporarán en cualquier etapa de proceso de rastreo del coronavirus, ya sea al inicio de un brote o una vez que ya está en marcha la tarea de seguimiento de enfermos, posibles enfermos y de sus contactos. Eso sí, será el Ejecutivo español quien coordine a estos efectivos del Ejército, y no las autonomías en las que desarrollen los trabajos los militares. "Se pondrán en marcha los rastreadores necesarios según se valore por Sanidad y los propios equipos de rastreo, teniendo en cuenta de que van a depender siempre de Defensa, sin perjuicio del principio de lealtad y coordinación que hay con las comunidades", aclaró ayer la ministra Robles.

Este movimiento reabre también la polémica de si los militares deben ser quienes efectúen este tipo de tareas relacionadas con la pandemia del covid-19, en lugar de hacerlo profesionales sanitarios, que a priori son quienes están preparados para este tipo de labores. En cualquier caso, comunidades como Cantabria, Valencia o Murcia ya han pedido al Ejecutivo español que envíe efectivos del Ejército y Defensa promete que, una vez reciba las solicitudes, su respuesta será "rapidísima". "El Gobierno responderá de forma inmediata a la demanda de rastreadores, que será por el tiempo que sea necesario", explicaron en rueda de prensa Margarita Robles y la subsecretaria del departamento, Amparo Valcarce.

Por su parte, la Generalitat no descarta tener que recurrir a la ayuda de los militares si la situación sanitaria en la comunidad autónoma evoluciona a peor en los últimos días. La portavoz del Govern Meritxell Budó reconoció ayer que evalúan todos los escenarios y "si es necesario se activará lo que sea necesario", siempre en función de la evolución epidemiológica. Otras autonomías ya lo tienen claro y han optado por solicitar al Ejército su presencia. Así, Cantabria y la Comunidad Valenciana lo hicieron en el día de ayer, mientras que Galicia y Murcia ya lo habían pedido el miércoles. Ahora, está por ver cómo se concretará la acción de los militares.

Estas actuaciones del Ejército español ya levantaron polvareda a nivel político durante el confinamiento y el mando único. En Euskadi, el Gobierno Vasco expresó su malestar por el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para labores de limpieza en la estación de tren de Gasteiz o el aeropuerto de Bilbao. También hay quien ha utilizado a los militares como arma arrojadiza contra el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Es el caso del PP de la CAV, cuyo líder Carlos Iturgaiz, que ya reclamó al lehendakari al inicio de la pandemia que pidiera la ayuda del Ejército, ha vuelto esta semana a reprochar a Urkullu que "desprecie" la labor de los militares.

El fiscal censura al juez. La Fiscalía de Madrid emitió ayer una nota oficial en respuesta al juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que dejó en el aire la prohibición de fumar en la calle y otras medidas anti covid-19 dictadas por el Gobierno autonómico. En la misiva, el fiscal reprocha al magistrado que no era necesaria la ratificación judicial de las medidas al no existir afectación de derechos fundamentales y critica su actuación. Este mismo juez aseguró el pasado miércoles que él en realidad no había anulado las medidas de la Comunidad de Madrid y por lo tanto la disposición regional continuaba vigente.

La Comunidad aguarda. En medio de este embrollo judicial de declaraciones y reproches cruzados, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha optado por esperar y no tomar ninguna decisión hasta que haya un pronunciamiento definitivo por parte de la Justicia. Así, la Comunidad de Madrid esperará "por prudencia" a que el Tribunal Superior resuelva el recurso contra el auto del juez que rechazó ratificar la orden que prohíbe fumar si no se mantiene la distancia de seguridad y decreta el cierre del ocio nocturno.

"Responderemos de forma inmediata a las demandas de rastreadores militares"

Ministra de Defensa