- Un colectivo de enfermeros y otro de médicos presentaron ayersendas querellas criminales ante los tribunales contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Les acusan de realizar su trabajo sin el material necesario para protegerse a la hora de asistir a los pacientes contagiados por el coronavirus.
El Consejo General de Enfermería (CGE) ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente Sánchez y el ministro Illa por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Según informó ayer el CGE en un comunicado, la querella se suma a las diferentes actuaciones penales que han interpuesto varios consejos autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de todo el Estado español contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos. "Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos", afirma el presidente de CGE, Florentino Pérez Raya, en el comunicado.
En la querella, que incluye a otros cargos del Ministerio de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, entre otros, se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores. Se trata del artículo 316 del Código Penal, que castiga a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física". La pena por este delito, indican, es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) va a interponer otra querella criminal en el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por "presunta actuación negligente" al haber distribuido mascarillas defectuosas al personal sanitario.
CESM explicó ayer en un comunicado que esta actuación ha puesto "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario", por lo que interpondrá una querella criminal "por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores" contra el titular de Sanidad.
Los sindicatos médicos se refieren a la distribución de una partida de mascarillas FPP2 defectuosas de la marca Garry Galaxy a distintos servicios de salud.
