- La intención del presidente Sánchez de articular una mesa para la reconstrucción económica y social del Estado tras la pandemia estuvo presente en la rueda de prensa del lehendakari, quien reiteró su mensaje ya conocido de que el Estado español es un Estado “compuesto”, con comunidades autónomas, y todos los pactos que se planteen se deben sellar desde el reconocimiento mutuo y con respeto al autogobierno. Pero ayer el lehendakari añadió un matiz al plantear de manera más activa que las comunidades tengan voz y pedir claridad a Sánchez en este sentido. Urkullu admitió que no sabe si el presidente quiere reunirse solo con los partidos o va a materializar su intención de citarse con las instituciones. “El domingo pasado no adelantó el calendario, aunque varias comunidades autónomas le pidieron participar”, aseguró Urkullu. Sánchez ha planteado tres mesas: una de partidos, otra de ayuntamientos y comunidades autónomas, y una tercera ya conocida, que es la que aborda el diálogo social entre la patronal y los sindicatos y que no es de nueva creación.
El lehendakari recalcó que no es posible trasladar de manera mimética los Pactos de La Moncloa de 1977 al contexto actual, porque el autogobierno está consolidado. Además, le pidió que se centre en la prioridad de la reconstrucción económica. Por otro lado, sobre la renta mínima que quiere impulsar el Gobierno español en todo el Estado, el lehendakari volvió a recalcar que tiene que ser una prestación que se complemente con la renta de garantía de ingresos vasca. El Gobierno español ha lanzado mensajes que apuntan en esa dirección, aunque el PNV va a pedir claridad al PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ante la falta de coordinación en la comunicación que ha surgido entre los dos socios del Ejecutivo estatal a la hora de transmitir los plazos, los contenidos y el espíritu de una medida donde Pablo Iglesias aprieta a los socialistas.
En materia presupuestaria, confirmó que su gobierno está trabajando en la “reestructuración” de los Presupuestos para reasignar partidas a las nuevas prioridades por la crisis del coronavirus. Es una intención que ya adelantó el consejero Azpiazu, aunque el Gobierno vasco no puede ofrecer más detalles porque el análisis total no se ha completado y no tiene la fotografía final. El Gobierno Vasco está facultado para reasignar partidas y no necesita someterlo a votación en el Parlamento Vasco, aunque ya rinde cuenta trimestralmente de la ejecución presupuestaria remitiendo la información al legislativo. En el caso muy probable de que haya que ampliar la deuda, algo que se da por hecho, sí debería pasar por el Parlamento y tramitarlo vía ley.