La presión judicial a torra crece ante la cita con sánchez

Torra, que ya fue condenado por el TSJC a año y medio de inhabilitación -sentencia que aún no es firme- por negarse a retirar a tiempo en periodo electoral una pancarta en favor de los presos, ha denunciado ser blanco de un “nuevo ataque judicial” guiado “por la venganza y la ideología”. En un auto, la sala civil y penal del TSJC abre la nueva causa al presidente catalán, al considerar que presuntamente “se negó” a retirar la pancarta con el lema Libertad presos políticos y exiliados, hasta que finalmente lo hicieron los Mossos d’Esquadra por orden del alto tribunal.

Dicha orden fue dictada, como medida cautelar, por la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda presentada por la asociación Impulso Ciudadano, liderada por el exdiputado de C’s en el Parlament José Domingo, que pedía que se descolgara la pancarta y el lazo del Palau para mantener la neutralidad del edificio permanentemente, no solo en período electoral. El presidente de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau “de forma inmediata”.

Según mantiene el TSJC en su auto, Torra “se negó a hacerlo o a dar las instrucciones para que se cumpliera el mandato judicial”, de forma que el 27 de septiembre la pancarta seguía en la fachada y fue el comisario general del cuerpo de Mossos d’Esquadra quien la retiró por orden del tribunal, “dos días después de que se produjera el requerimiento judicial”. Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La sala civil y penal ha resuelto abrir la nueva investigación a Torra, después de que tanto la Fiscalía, como Impulso Ciudadano y la Generalitat hayan reconocido su competencia para hacerlo.

En un comunicado, Torra ha denunciado que “los tribunales de justicia continúan su causa general contra el independentismo motivada por razones políticas”. En este caso, señala, la pancarta “no se prohibía durante el periodo electoral” sino que “se obligaba a retirarla del balcón del Palau de la Generalitat con carácter general y permanente”, por lo que “se demuestra que el problema no era el periodo electoral ni la neutralidad de las instituciones en una campaña electoral”, sino que “el Estado español tiene un problema con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales”. “Hay que denunciar una causa más guiada por la venganza y la ideología, que aleja cada vez más la justicia española de los estándares europeos”, recalca el comunicado. La defensa de Torra “tomará las decisiones oportunas contra este nuevo ataque judicial que será instruido por el mismo magistrado que en la ocasión anterior”.

Por otra parte, a dos días de que se celebre la reunión prevista entre Torra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, exigió la presencia de un “mediador” en la futura mesa de diálogo entre gobiernos, ante la falta de “confianza” entre los interlocutores. El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que el Govern exhibe una “desconfianza inaceptable” al pedir un mediador: “Si no hay confianza, ¿por qué se reúnen?”. - Efe/DNA

“Usurpación de funciones”. El líder del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que su partido presentará hoy una denuncia por “usurpación de funciones” contra Quim Torra, quien, a su entender, ya no es presidente de la Generalitat tras su inhabilitación y perder su escaño en el Parlament.