Con frecuencia venimos escuchando que del lehendakari, y sólo del lehendakari, depende la decisión de dar por finalizada la IX legislatura de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la convocatoria de elecciones. Por tanto, estamos hablando de una fecha ignorada, que sólo puede concretarse por aproximación y de la que se conoce únicamente el inicio -hoy mismo, por ejemplo- y el término legal, 15 de septiembre de 2020. Pero el caso es que desde el momento en que se barrunta que las elecciones están a la vista, a los partidos de la oposición los dedos se les vuelven huéspedes y mirando de reojo a quien tiene la potestad de fijar la fecha y al partido que le sustenta, comienzan a agitarse, a ensayar estrategias y, sobre todo, a procurar el desgaste del que manda.

A veces tienen lugar acontecimientos excepcionales que debilitan la estabilidad del gobernante e incrementan la ansiedad de los aspirantes, que anticipan la ofensiva procurando un adelanto electoral que atrapase al poder en horas bajas. La sentencia y el eco mediático multiplicado del caso De Miguel fue el detonante perfecto para desplegar la ofensiva contra el PNV y abrir el fuego graneado de desgaste, incluyendo en la acometida nada menos que una incongruente huelga general. La política es así, y mientras se respeten las reglas mínimas de la democracia todo vale para aspirar al poder y desbancar al que gobierna. Vale incluso aliarse, mancomunarse entre diferentes para ofrecer a la sociedad una alternativa aunque integre a extraños compañeros de cama.

Esta semana pasada se ha producido otro acontecimiento excepcional que ha dado pie a aumentar la presión sobre el PNV y a especular con una alternativa -supuestamente por la izquierda- ya reiteradamente planteada, al menos en teoría. Ha habido un acuerdo entre PSE, Podemos y EH Bildu para aprobar los presupuestos de Irun, dejando de lado al PNV. No supondría ninguna conmoción si no fuera porque Irun es la segunda ciudad más poblada de Gipuzkoa, y si no fuera por los tortuosos antecedentes vividos entre el PSE, su alcalde José Antonio Santano, y el portavoz del PNV, Xabier Iridoy. Ya en la legislatura pasada, con pacto municipal PSE-PNV, el alcalde Santano fulminó a Iridoy destituyéndole del cargo de concejal delegado de Urbanismo. Iridoy optó a la alcaldía en las siguientes elecciones, pero tuvo que retirar su candidatura en favor de Santano por mandato del GBB cuyo presidente, Joseba Egibar, denunció el “chantaje” del PSE que “ha amenazado con la desestabilización institucional”, es decir, con la ruptura del acuerdo cerrado por el EBB entre PNV y PSE para las capitales y máximas instituciones de la CAV.

Es evidente que la animadversión entre Santano e Iridoy puede estar en la base de la decisión del alcalde de Irun. No se soportan. Absoluta falta de química, dicen. Pero hay quienes han tomado buena nota y van mucho más allá de un conflicto de personalidades contrapuestas. Aún no se conoce en qué va a parar la reunión que sobre el hecho va a tratarse en la Comisión de Seguimiento del acuerdo PNV-PSE, y ya se ha puesto en marcha la añorada posibilidad de un frente que aparte al PNV del poder, un nuevo bloque que se autodenominaría “progresista” contrapuesto a la democracia cristiana del PNV y a la derecha española del PP. La ausencia de química entre Santano e Iridoy es lo de menos. Hay que aprovechar este desencuentro para volver a cebar la mecha del desalojo del PNV.

Esto no es nuevo. No lo ha expresado el PSE, pero repetidamente lo han reivindicado EH BIldu y Elkarrekin Podemos. Esto va más lejos que la antipatía ancestral de los representantes políticos de PSE y PNV, incluso mucho más lejos que considerar el acuerdo presupuestario como una excepcionalidad acotada al ámbito local, como manifiesta el alcalde Santano y corrobora el EBB. No lo ve así la ejecutiva jeltzale guipuzcoana, que desconfía de la lealtad de los socialistas respecto al pacto institucional.

No es tan sencillo como algunos creen, pero hay quienes llevan mucho tiempo ambicionando las fórmulas para apartar al PNV del poder -demasiados años ya, afirman- y consolidar una alternativa ensayada ahora en el Ayuntamiento de Irun como defiende el representante de Podemos en el acuerdo presupuestario. Y aprovechando el experimento implantado por Santano a cuenta de la falta de química, se avanza hacia la opción de progreso tan soñada por los nuevos socios del PSE en Irun.