madrid - La Junta Electoral Central (JEC) acordó ayer imponer una sanción a Pedro Sánchez, de 500 euros, y a la exportavoz y actual ministra, Isabel Celaá, de 2.200 por el uso “electoralista” que dieron al palacio de la Moncloa antes de la campaña del 10-N. El acuerdo relativo al presidente español establece una cuantía de sanción inferior a la propuesta final que ha trasladado a la Junta el instructor del expediente. Su propuesta estipulaba una sanción de 2.800 euros por incumplimiento del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto no permite que en época electoral los poderes públicos usen medios institucionales para la promoción de sus logros.

Dicha propuesta reparaba, por un lado, en que “la escenografía” visible en la entrevista que emitió La Sexta a finales de octubre delataba sin lugar a dudas que se estaba celebrando en la sede de la Presidencia del Gobierno. Tenía en cuenta, por otro lado, que la web de la propia Moncloa reprodujo íntegramente el contenido de la entrevista en cuanto acabó. Además, Sánchez, cuando compareció en La Sexta, no era solo el candidato socialista en las elecciones, sino además presidente del Gobierno en funciones. La LOREG establece que las autoridades públicas que infrinjan la norma podrán ser sancionados con cantidades entre los 300 y los 3.000 euros. Los trece integrantes de la Junta -ocho magistrados y cinco vocales-, tras un debate “intenso”, le impusieron una sanción de 500 euros. Seis vocales anunciaron que interpondrán un voto particular porque estiman que lo que procedía era el archivo del expediente sancionador. Las fuentes de la JEC destacaron que en la división del órgano electoral, así como en la decisión de rebajar la sanción a 500 euros, han influido las alegaciones de Sánchez: que no decidió el lugar de la entrevista ni su realización; que no controla los medios de difusión de los que se provee Moncloa; y que, una vez notificada la denuncia, en Presidencia retiraron la transcripción.

La sanción a Celaá obedece al mismo motivo, franquear el 50.2 de la ley electoral al efectuar declaraciones “electoralistas” en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros. La cuantía es más alta porque a la ministra de Educación y entonces portavoz se le había apercibido por lo mismo antes de la apertura del expediente. - Efe