barcelona - Quim Torra ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que suspenda la ejecución del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena retirarle el acta de diputado, ya que considera que obedece a una “persecución de tipo político” para cesarle, “usurpando” competencias del Parlament. Así lo sostiene en su recurso ante la sala contencioso-administrativa del TS donde pide como medida cautelarísima que se deje sin efecto la aplicación del acuerdo de la JEC, ya que supone una “vía de hecho” para cesarle, arrebatando la competencia de la Cámara catalana, lo que abre un “grave conflicto constitucional”.

El jefe del Govern advierte al Supremo de que el acuerdo de la JEC para retirarle el acta de diputado está viciado de la “más radical de las nulidades” y comporta una “vulneración grosera” del ordenamiento jurídico, como lo sería si al Parlament “se le ocurriera declarar el cese o dejar sin efecto el nombramiento de los vocales” del árbitro electoral. Según el escrito, el acuerdo “arbitrario e ilegal” de la JEC pretende tener una “incidencia absolutamente crucial” sobre la composición del Parlament y gestar una “perturbación” en su funcionamiento ordinario, ya que busca “dejar vacante” el escaño de Torra a través de una resolución “absolutamente desproporcionada”.

Además, avisa al Supremo de que si no atiende a su petición urgente de suspender la aplicación del acuerdo se causaría un “daño irreparable”, no solo a él, sino también al Parlament y al conjunto de los ciudadanos de Catalunya a los que representa, que lo eligieron como diputado el 21 de diciembre de 2017. El president sostiene en su recurso que la “supuesta pulcritud y eficacia” de la administración electoral se ve “absolutamente inexistente o superada” por la “contingencia política actual”, que ha “arrastrado” a la JEC a “exceder su ámbito competencial” para adoptar una “posición política concreta y alterar la realidad política”.

Según el recurso, el acuerdo de la JEC supone una “violación grosera” de los derechos fundamentales y tiene “por única finalidad” privar a Torra, así como a los ciudadanos a los que representa, de sus derechos políticos como diputado en el Parlament. Y ello, pese a que la JEC no tiene competencias, según Torra, para cesar a un diputado ya elegido, como es su caso, ya que correspondería al Parlament hacerlo, siempre que hubiese una condena firme, lo que no ocurre con el president. Torra denuncia que la JEC ha incurrido en una “ceremonia de la confusión” de forma “interesada” sobre los conceptos de “inelegibilidad sobrevenida” -con la que el árbitro electoral basa su orden para retirarle el acta de diputado- y la incompatibilidad. Por ello, alega que la calificación como inelegible solo procede respecto de los que pretenden ser candidatos en unas elecciones, pero no de los que ya son electos. “Nadie que ya ha sido elegido puede devenir inelegible”, resalta.

A su entender, la JEC ha incurrido en una “absoluta desviación de poder” para privar a Torra de sus derechos fundamentales, ya que el árbitro electoral es “manifiestamente incompetente” a la hora de dilucidar las situaciones de incompatibilidad de los diputados al Parlament, que se rige por una ley autonómica. El president acusa a la JEC de basarse en “creaciones jurídicas ad hoc” para privarle de forma “arbitraria e ilegal” de un cargo electo, prescindiendo de las garantías jurídicas de un Estado de Derecho, mediante la “aberrante” declaración de “inelegibilidad sobrevenida”.

Por otra parte, el Parlament anunció que presentará un recurso al Tribunal Supremo para defender los derechos políticos de Torra, y pidió a la Junta Electoral Provincial que no ejecute la decisión a la espera de que se pronuncie ese tribunal. - DNA