Algo no marcha bien en la normalidad política de un país si en vísperas de aprobar un presupuesto autonómico o conformar un gobierno de ámbito estatal, toda la actualidad se centra en tres sentencias judiciales.

Empezando por la más cercana, el martes la Audiencia Provincial de Álava se encargaba de borrar de un plumazo la sensación, si es que realmente la había, de que en Euskadi no existía corrupción política. Que aquí las cosas se hacían siempre bien y que, salvo algunos casos aislados, que diría Rajoy, todo iba como la seda en estricto cumplimiento de las leyes de procedimiento administrativo y contratos del sector público.

Tras la lectura de la sentencia, olvidados ya los abrazos parlamentarios y las exageradas apelaciones al principio de inocencia, pasamos a ver cómo tanto el lehendakari como el actual presidente del EBB se deshacían en disculpas por algo en lo que, por lo visto, no tenían absolutamente nada que ver. Lo siento, pero no, aun dando por bueno tal y como dice la sentencia que el enriquecimiento fue personal y al contrario de lo que ocurrió con la Gürtel y el PP, en este caso el PNV no fue beneficiario de las mordidas de De Miguel y Cia. Otro tanto ocurrió en el caso de los ERE en Andalucía, y nadie se cree que el Partido Socialista andaluz no tenía ningún conocimiento de lo que allí estaba ocurriendo. No ayuda tampoco a ganar credibilidad poner en marcha el ventilador y donde me dicen De Miguel mencionar las prácticas mafiosas de ETA o los innumerables casos de robos a manos llenas del PP.

Bien está pedir disculpas a la sociedad vasca y esta verá si las acepta o no en forma de voto en las siguientes elecciones (intuyo que sí), pero ello no quita para que se asuma que se cometieron errores (los propios nombramientos, sin ir más lejos) y que se hará todo lo necesario para corregirlos.

También en sede judicial, pero en este caso allende nuestra frontera, llegaba el segundo bombazo de la semana en forma de sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el aval a las tesis de los abogados de Junqueras reconociendo su inmunidad desde el mismo momento en que fue elegido europarlamentario y por lo tanto, la imposibilidad de juzgarlo en España sin haber solicitado previamente el suplicatorio a la Cámara europea.

Nuevo varapalo para la justicia española que, en aquello que tiene que ver con el procés, hace el ridículo cada vez que se acerca a Europa. Llama la atención la reacción de quienes aplaudían a rabiar la sentencia del Supremo y ahora se ponen de perfil afirmando que la calidad de la justicia española se demuestra acatando las decisiones europeas, como si quedara otro remedio, o en el peor de los casos callan, no vaya a ser que metan otra vez la pata y a ERC se le agote la paciencia.

Habrá que ver qué supone esta sentencia tanto para el propio Junqueras como para los otros dos europarlamentarios electos perseguidos por la justicia española (Puigdemont y Comín) aunque me temo que no servirá de lección a quienes insisten en resolver los problemas políticos a través de ilustres togados como los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, casualidad, a las pocas horas de conocer la sentencia del Tribunal europeo se apresuraba a leer la suya propia para inhabilitar durante año y medio al actual president de la Generalitat, Quim Torra, por el horrible delito de no quitar unos lazos amarillos.

Sorprende ver al Tribunal de Justicia catalán tan atento a los lazos amarillos y tan despistado con lo que durante décadas fue un secreto a voces en Cataluña pero que no convenía destapar, como fue el tristemente famoso 3%.