Barcelona - El Gobierno español presiona a Bélgica para que proceda a la extradición de Carles Puigdemont mediante un procedimiento que, como censuró ayer el Govern, “olvida” la separación de poderes, después de escuchar a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, sostener que Moncloa “no entendería” que ello no fuera así y que, en ese caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, adoptaría las decisiones que considerara oportunas. Unas advertencias que para la portavoz del Gabinete de Quim Torra, Meritxell Budó, son “gravísimas” en tanto que son unas “amenazas de un Estado que hace tiempo que ha olvidado la separación de poderes”. El tribunal de primera instancia belga a cargo de la euroorden contra el expresident aplazó ayer hasta el 16 de diciembre la vista que estaba fijada en la Cámara del Consejo -el tribunal neerlandófono que lleva el caso- para poder presentar observaciones por escrito. El abogado de Puigdemont Simon Bekaert confirmó que el ministerio público belga es partidario de entregar a España al exjefe de Govern por los delitos de sedición y malversación, alineándose así con la tesis del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. “Invocaremos la inmunidad y usaremos los mismos argumentos que hace dos años, porque están en juego los mismos argumentos y algunos adicionales”, afirmó Bekaert.
Pese a todo, las injerencias desde Madrid no cesan. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que “se están dando los pasos adecuados” para que Bélgica acepte entregar a Puigdemont por sedición, ya que es un delito que también contempla el código penal belga y además “hay una sentencia firme”. Asimismo, destacó que la cooperación jurídica en Europa “funciona bien” porque se basa en la “mutua confianza” y cuenta con la Orden Europea de Detención y Entrega, que es un sistema “ágil”. Por su parte, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que confía “absolutamente” en que la Justicia dbelga responderá positivamente a la entrega. Desde Múnich, en una cita de ministros de Interior europeos, declaró que esa confianza se basa en que “el espacio de justicia interior, de justicia y libertad de la UE, se ha construido bajo los principios de mutua confianza, de reconocimiento entre las resoluciones judiciales”.
“¿Qué quiero decir con esto? Que si somos la Unión Europea, que si tenemos el espacio de justicia y libertad, si tenemos la orden europea de detención y entrega basada en esos principios es porque ya tenemos ordenamientos jurídicos absolutamente homologados unos con otros”, explicó Marlaska, para quien “es lo mismo una resolución dictada por un juez de Barcelona que por un juez de Bucarest, a la hora de ser efectiva en uno u otro país de la UE, y por eso espero que la orden europea de detención y entrega de Puigdemont sea efectiva”.
El 16 de diciembre el juez fijará una fecha para dar a conocer su decisión, que podría conllevar la entrega a España de Puigdemont o el rechazo de la misma, pero también la remisión de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso. Otro de los letrados del expresident, Gonzalo Boye, apuntó que desarrollarán su defensa basándose en principios como “el tema de la inmunidad europarlamentaria, la vulneración de derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales y las garantías de debido proceso”. A su vez, harán mención a la presunción de inocencia del exmandatario, un ámbito en el que, consideró, “ayudan mucho” las declaraciones de Calvo y del resto de ministros. “La ministra ha dicho que esto afectaría a las relaciones políticas y diplomáticas entre Bélgica y España cuando estamos hablando de un tema estrictamente judicial, o eso creíamos nosotros”, señaló Boye. El tribunal decidirá si acuerda la entrega o no a España, decisión ante la que cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después. El plazo normal del proceso es de un máximo de 60 días que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse más allá de los tres meses.
