Para Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), “el juicio se realizó en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas las partes pues se practicó un amplio abanico de pruebas que fueron sometidas a la contradicción de los intervinientes y luego valoradas por un tribunal cuya independencia, imparcialidad y nivel técnico no son cuestionables”. González Vega tiene claro que “hay hechos que son claramente constatables, por lo que la sentencia es perfectamente asumible en cuanto al delito de sedición”.

El portavoz de JpD se refiere a la clasificación de los reclusos y señala que en su futuro penal tendrá que decidir tanto la administración penitenciaria catalana como los jueces. “En una primera instancia es la administración penitenciaria de Catalunya la que va a decidir el grado de los reclusos con el informe de los profesionales. Además, esa decisión de la administración penitenciaria catalana es controlada judicialmente. Para eso está el juez de vigilancia penitenciaria, la Audiencia Provincial y el Supremo, que tienen que controlar el cumplimiento de la Ley. Asimismo, hay que tener en cuenta que el tercer grado no es salir inmediatamente a la calle, es una semilibertad”, asegura.

Ahora que el juicio por el procés ha cerrado un primer capítulo -los afectados podrán recurrir ante el Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- desde la asociación progresista de jueces se hace un llamamiento para que “se haga un esfuerzo político y social en la renovación del pacto constitucional vigente para lograr un marco de convivencia que incluya a personas que tanto en Catalunya como en otras partes de España mantengan divergencias sobre el modelo territorial del Estado”. - J. Núñez